Felipe Baeza, asesor clave del ex jefe de la División de Estudios del ministerio del Interior, Alejandro Peña, presentó este lunes su renuncia al subsecretario de la cartera, Rodrigo Ubilla, debido a la denuncia por sobreprecios en equipos de detección de drogas.

Baeza indicó aunque “el subsecretario ayer –domingo- me solicitó la renuncia”, ya había tomado la decisión de dimitir al cargo el viernes pasado, pero no lo había hecho por encontrarse de viaje.

El asesor estaba a cargo del Plan Frontera Norte, para el cual estaban destinados los equipos y, por ende, era el responsable de la polémica licitación. Sin embargo, Baeza se declaró “tranquilo” y aseguró que “todos los antecedentes que sean necesarios yo los voy a poner en conocimiento del fiscal”.

En tanto, el subsecretario  Rodrigo Ubilla, sigue siendo sindicado como responsable político del escándalo por lo que, tanto parlamentarios de oposición como funcionarios de Interior cuestionan su permanencia en el cargo.

No obstante, Ubilla descartó renunciar a la subsecretaría y afirmó que  “me duele profundamente -y, en ese sentido, creo que represento no solo el sentir del ministro y del subsecretario, sino de la gran mayoría de los funcionarios-, el que hoy estemos siendo investigados respecto a una licitación que podría presentar algunos delitos bastante graves”, dijo.

Por otra parte, el subsecretario informó que el Gobierno le solicitó al abogado Luis Hermosilla, presentar una querella por presunto fraude al Fisco y violación de secreto.

Al explicar  la acción legal,  Hermosilla defendió el rol de Ubilla, señalando que ha sido “víctima” de los mandos medios de Interior.
“Él es el jefe de un servicio en el cual personas que estaban nombradas aquí, han traicionado la confianza que significa trabajar para el Estado de Chile. Estamos hablando de responsabilidades penales, que establece el Ministerio Público y que hoy, para establecerlas, cuenta con la principal colaboración del ministerio del Interior y su subsecretaría”, sostuvo el abogado.

Por su parte, el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, afirmó que el Ministerio Publico investigará el caso sin importar quién sea el responsable del delito: “Tenemos una misión constitucional que es proteger, acoger a las víctimas e investigar los delitos y no tenemos amigos ni conocidos, da lo mismo quién sea, el que cometa delito tendrá que preocuparse de responder”, manifestó.

Además, un grupo de parlamentarios de oposición presentó una querella por fraude al Fisco y mal uso de información reservada por este caso y, posteriormente, se reunieron con el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza y con el propio subsecretario Ubilla.

Uno de los diputados patrocinantes de la iniciativa, Ricardo Rincón, criticó que “cada uno de los renunciados salen muy tranquilos y campantes por la vida. Son simplemente ‘cara de palo’, diciendo que todo está perfectamente, que están muy tranquilos”.

“Nadie entiende cuando los escucha, eso no puede ser, no puede haber tal ‘cara de palo’ en el ministerio del Interior, que después de renunciar salgan tan tranquilos. Aquí las investigaciones tienen que hacerse y esto se tiene que aclaraR, tanto en sede administrativa como en sede penal”, agregó el parlamentario DC.

Cabe recordar que la polémica surgió cuando el Centro de Investigación Periodística de Chile (Ciper) dejó al descubierto licitaciones irregulares de equipos de detección de drogas por parte del ministerio del Interior, lo que en un principio fue negado por el Gobierno, pero debido al peso de las pruebas debieron reconocer la denuncia y por los hechos ya se ha solicitado la renuncia del ex fiscal Alejandro Peña y, ahora, de su asesor Felipe Beza, ambos jefes directos de la división vinculada al caso.