La directora del programa Chile Sustentable, Sara Larraín, presentó ante la comisión de Minería y Energía del Senado la postura de la organización frente al proyecto de Carretera Eléctrica.

La ambientalista enfatizó en la necesidad de dar un mayor análisis en la discusión de la iniciativa, asegurando que en los parlamentarios que revisan la iniciativa no existe claridad sobre “aspectos claves del proyecto”.

Según explicó Sara Larraín surgen dudas sobre la naturaleza legal y constitucional del trazado de “interés público”, que grava propiedad privada y pública para beneficio del sector privado de forma perpetua,

“El Gobierno presentó un modelo parecido de interés público, pero no se expropia, sino que se concesiona a privados y a perpetuidad. Es una figura de concesión que hoy no existe en el sistema jurídico y que en un informe solicitado por la comisión a la Corte Suprema, la corte señala que esta figura que se está planteando es expropiatoria e inconstitucional”, explicó la dirigente.

La directora de Chile Sustentable recalcó que también se debe considerar a todos los actores involucrados en la iniciativa, como ingenieros, productores y pueblos originarios: “Los senadores fueron claros en señalar que el proyecto tiene muy poca claridad y que se requería oír a técnicos no interesados, porque hasta el momento los que habían sido escuchado son principalmente de empresas que están interesadas en obtener beneficios en la facilitación de trazados”

Sara Larraín llamó también a buscar mecanismos alternativos para superar barreras de la transmisión en la inclusión de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) como, por ejemplo, el instrumento de líneas asociativas que actualmente existe.

Por su parte, el senador de la comisión, José Antonio Gómez, dijo que se deben tomar precauciones durante la discusión de la iniciativa, pensando en las pequeñas generadoras locales.

“El proyecto está vinculado al desarrollo de la transmisión de la energía, pensando en las grandes empresas y no en las pequeñas generadoras que pudieran estar en las regiones o comunas que podrían abastecer a la población de donde se originan. ¿Quién paga esto? Al final lo van a pagar todos los chilenos en la cuenta o por inversión del Estado”, acusó el parlamentario radical.

Gómez agregó que debe ser considerado también el convenio 169 de la OIT sobre consulta de pueblos originarios, aspecto que no está resuelto en la iniciativa.