La Asociación Gremial de Industriales Mineros se sumó como parte en la investigación por la fallida licitación del litio a SQM. La entidad presentó ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago una querella contra quienes resulten responsables de presunto fraude al Fisco y estafa al Estado.

En esa línea, Luis Gallardo, presidente de la organización, indicó que el daño patrimonial con esta acción fue profundo: “28 mil millones de pesos, a los que se suman los cuatro millones de una boleta de garantía que se devolvió indebidamente, cometiendo el delito de fraude. A eso se agrega la plata que tendría que haber pagado SQM, que eran 40 millones de dólares y  la garantía que puso el consorcio que llegó segundo. De acuerdo a como debiera haber sido el procedimiento de forma legal, se debería haber resuelto la licitación dejando al margen a quien estaba imposibilitado, en este caso SQM, y legalmente se debería haber continuado la licitación y habérsela entregado al segundo oferente”, precisó.

Para los representantes de la industria minera se debió sacar a SQM del proceso por sus deudas con el Fisco y otorgar la licitación al segundo oferente.

El abogado Luis Aguilar explicó que “esos tres ítems de dinero son los que el fisco está perdiendo como consecuencia de la grave negligencia, que a nuestro juicio es dolosa, de los funcionarios públicos que participaron en estos actos administrativos. Estamos pidiendo que se acumule a la causa vigente y según eso vamos a tener acceso a la carpeta de investigación más directamente como parte y a solicitar las diligencias del caso. Mientras tanto, la Fiscalía dio una orden de investigar para que se interrogara como imputados a los señores De Solminihac y Ramos”

En paraleo, el Fiscal Victor Manuel Vidal, está indagando en la declaración jurada presentada por la empresa para participar en el proceso de licitación, pues el Ministerio de Minería diseñó un formulario que debía ser firmado ante notario por los representantes de las empresas interesadas que contenía cinco puntos. Uno de ellos señala que la empresa “no tiene litigios pendientes con el Estado de Chile”.