Estimado Director :

Le envío 2 noticias-columnas procedentes del diario “Página Doce” de Argentina, de hoy 27 nov, donde se denuncia un grave intento de atropello a la libertad de información en ese país, por parte del grupo “Clarín”.

Cuestión que debe ponernos en alerta pues, si en algún futuro próximo, apareciera un diario realmente independiente del duopolio informativo y de los poderes fácticos en Chile, lo que no es improbable, métodos como el que se denuncian en estos 2 artículos, serían altamente probables que recayeran en ese posible periodismo independiente. Sin descartar que, aún, su Radio y el periodismo libertario que uds ejercen, podría verse potencialmente amenazados si los intereses espurios del duopolio y el gran empresariado, juzgaran que “no va más” en materia de decir la verdad informativa que uds practican.

Ya hay un aviso de que este riesgo es realista, sino ¿Cómo entender el “ auto ”silenciamiento de las encuestas de Adimark, respecto a lo cual, no hay que ser muy suspicaz para suponer que, entre bambalinas, pudieron ejercerse presiones ante eventuales peores desplomes de la imagen de este gobierno y su Presidente en 1º lugar ? Pues el argumento del sr Roberto Méndez para no publicar en Novembre, es simplemente pueril. Pues, así se lo oí y lo ví por TV, si un encuestado se negaba a opinar, como dice RM, bastaba  marcar otro número y otro, hasta tener respuesta. Elemental.

Le recuerdo la impactante denuncia del sociólogo y académico Augusto Varas, entrevistado por Jaime Gazmuri y Guido Camú, en Ágora Mundo, un viernes de hace pocos meses atrás, tema que acaba de salir extensamente denunciado por la revista El Ciudadano, el intento de involucrar en seguridad interna del país a las FF AA, prohijado por Andrés Allamand y paternalizado por el Pentágono, según esa información procedente de Argentina reveló, asunto que tiempo atrás le envié información procedente del mismo diario Página Doce.  Permítame sugerirle que, a la luz de estas denuncias en Argentina, se vuelva a entrevistar a Augusto Varas.

Atte

Francisco Brzovic M

 Violentar la palabra

Desde el punto de vista jurídico, la presentación del Grupo Clarín es confusa y sibilina a la vez. Denuncia un hecho grave, que concierne a un universo vasto de potenciales víctimas. Lo encuadra en un delito, “la incitación a la violencia colectiva”, que no requiere daño concreto o consecuencia visible alguna para tipificarse. O sea, se comete con la sola acción. En el caso, la acción es el uso de la palabra. O sea, Clarín busca criminalizar la opinión o la información.

En la Argentina, como consecuencia de décadas de lucha de militantes, periodistas y organismos defensores de derechos humanos, se han despenalizado el desacato, las calumnias y las injurias. Los abogados denunciantes quieren burlar esos avances, valiéndose de un atajo argumentativo.

Es un precedente infausto e inédito. Jamás un medio de difusión, en un período democrático, procuró condenas contra periodistas por delito de opinión. Un record para las peores páginas del Guinness.

La presentación es insostenible jurídicamente. Políticamente es una provocación y un intento de amedrentar.

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Los fines y los medios: El discurso procesal no se sostiene. Mediáticamente podría ser otra cosa.

El confuso relato de los letrados mezcla, sin plan ni seriedad, a funcionarios públicos con periodistas supuestamente oficialistas. Los ubica en un mismo rango, los entrevera. Se agregan a la alquimia dos espacios de la tevé pública que escandalizan a las corporaciones mediáticas: el programa 6, 7, 8 y el Fútbol para Todos.

Esa mescolanza de tópicos, esa versión berreta de “Cambalache”, puede servir para lanzar al aire teorías conspirativas, jugando con la aquiescencia o la distracción del público. La cadena privada de medios lo hace día tras día. Pero no basta para plasmar un cargo penal, que exige un rigor particular.

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El Gran Diario no hablaba de ti: Lo fundamental está en el expediente, es tan brutal que los adjetivos sobran. Pero es interesante una recorrida por el contexto. Clarín –que no carece de canales de tevé, radios ni diarios– guardó silencio sobre una denuncia tan resonante. Rehusó esa información a sus lectores, oyentes o televidentes. La mantuvo en la clandestinidad. Y se tomó más de 24 horas para responder desde que se conoció la noticia por la primera fuente de divulgación, el diario Tiempo Argentino.

En términos periodísticos, un día es una eternidad. La lentitud trasunta una gran dificultad para explicarse, para dibujar un argumento o un atenuante. Algo parecido (aunque el lapso de silencio fue mucho más breve) ocurrió cuando la Corte Suprema le puso término a la medida cautelar que suspendía la vigencia parcial de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La reacción del sistema democrático ante sus actos lentifica al mayor multimedios del país, lo deja sin reflejos.

Las primeras respuestas, diríase defensas, de los abogados acusadores fueron pobres y confusas. Hugo Wortman Jofré atendió parte de la requisitoria periodística. No pudo salir airoso ni siquiera cuando habló de local, en una radio del Grupo. No es un as expresándose, pero su problema finca en la ausencia de razón, no de labia.

Alegó que no había denuncia a los periodistas sino que pedía que se los citara como testigos. Pero, ay, el texto del escrito lo desmiente. Los colegas están mencionados en plan de paridad con funcionarios, legisladores y militantes kirchneristas a quienes se sindica como autores de la campaña.

Wortman adujo que si los periodistas testificaran que expresaron opiniones desistirá a su respecto. La incongruencia es patente. De la declaración testimonial no podría desistir, ya que estaría cumplida. Y de la denuncia, si sus dichos son veraces, no tendría cómo… porque nunca la formuló. En fin, es difícil justificar lo injustificable y borrar con la voz lo que está agregado al expediente.

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El infierno está en los detalles: Volvamos a un detalle, nada menor. Los letrados, profesionales de larga trayectoria, pretenden ser ambiguos en algo esencial: los mencionados ¿son testigos o sospechosos? Wortman Jofré pareció decir (no es tan sencillo traducirlo al castellano coloquial) que se les pediría testimonio y ahí se vería. Pero el derecho penal tiene sus bemoles. No se puede juguetear con la ambigüedad. Si el juez les hiciera caso a los abogados denunciantes, enfrentaría una encrucijada con solo dos malos desemboques posibles. Si convocara a los periodistas como imputados, les estaría atribuyendo un delito de opinión. Si los citara como testigos (con juramento de decir la verdad bajo apercibimiento de falso testimonio) los pondría en riesgo de autoincriminarse. De violar, nada menos, la garantía de no estar obligado a declarar en su contra.

Aunque su lenguaje es abstruso, la denuncia tiende a ubicar a los periodistas (tanto como a los funcionarios) en el rango de imputados. Atribuye la peligrosa campaña a “instigadores” y “determinadores”. No hay motivo para usar esas dos palabras, legalmente son sinónimos. “Propaladores”, que es como se sindica a los periodistas, solo puede equipararse a los instigadores en la jerigonza de la denuncia.

Todas las manifestaciones de los compañeros periodistas que reseña el escrito son, permítase la expresión, puras palabras. Ninguna propone hecho de violencia alguno.

Ni siquiera el alucinado escrito acusatorio propone que incurrieron en algún comportamiento que excediera la enunciación de ideas.

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Acechanzas y trayectorias: Es un deber expresar la solidaridad con todos los compañeros periodistas. Algunos de ellos, Roberto Caballero, Orlando Barone y Javier Vicente, trabajan en otros medios. Edgardo Mocca colabora asiduamente en este diario. Este cronista comparte con Sandra Russo y Nora Veiras, desde hace una pila de años, el orgullo y el desafío cotidiano de laburar en la redacción de Página/12. Un diario que sólo se editó (que sólo es concebible) en democracia. Que bregó siempre en defensa de los derechos humanos, por la búsqueda de verdad y justicia, contra la penalización de los delitos de opinión. Y que sigue defendiendo esas causas, la lucha contra la violencia policial y de género, la batalla por el aborto legal y gratuito para todas las mujeres, sin agotar la nómina. Vale dedicarles desde esta columna un abrazo especial a Sandra y Nora, tanto como a la casa que nos da espacio, libertad e inspiración. También subrayar la importancia institucional y la trayectoria formidable del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que albergó ayer un gran momento de las luchas democráticas (ver nota principal).

Para todos los colegas, laburantes ellos, es duro y hasta doloroso afrontar una acusación penal. Intimida, preocupa a las familias, los compañeros y los amigos. Es flagrantemente injusto y prepotente. El juez y el fiscal de la causa tienen a mano la posibilidad (el deber, por mejor decir) de archivar la causa cuanto antes. Y la potestad de sancionar la malicia de los denunciantes. Si lo hacen, por una vez, los tribunales impartirán justicia.

Una barrera de apoyos contra la denuncia

La sala de conferencias del CELS quedó chica ante la gran asistencia. Horacio Verbitsky anunció que el organismo asumirá la defensa jurídica de los denunciados. Esperan que el juez Rodríguez determine que no hay delito.

“Nunca nos pareció esta sala tan pequeña como hoy”, graficó el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el periodista Horacio Verbitsky, la muy excedida capacidad de la sala de prensa del organismo. Decenas de hombres y mujeres quedaron afuera del espacio en el que Verbitsky y el secretario de la entidad, Damián Loreti, confirmaron que los periodistas de Página/12, Tiempo Argentino, el programa 6,7,8 y un relator de Fútbol para Todos que fueron denunciados por el Grupo Clarín –en una demanda presentada ante la Justicia el jueves pasado por el delito de incitación a la violencia y coacción agravada– contarán con la defensa jurídica del CELS “porque consideramos la intimidación al periodismo y a la libertad de expresión igual de grave si la ejerce el Estado que si la ejerce Clarín”. Ante representantes de organismos de derechos humanos, y con el apoyo de varios colectivos de trabajadores de prensa que fueron leídos durante la conferencia, Verbitsky calificó la “aclaración” que el abogado del multimedios Hugo Wortman Jofré se encargó de realizar en programas radiales matutinos ayer –en los que insistió en que los periodistas no habían sido demandados sino citados como testigos (ver recuadro)– como “una marcha atrás, un retroceso”: “Los periodistas están denunciados. Hay una contradicción flagrante entre esta desmentida y la denuncia judicial”, concluyó.

“No hacemos otra cosa que continuar con una tradición del CELS”, rompió el hielo el presidente del organismo, flanqueado por Loreti, el director ejecutivo de la entidad, Gastón Chillier, y los periodistas denunciados Sandra Russo, Nora Veiras, Roberto Caballero, Orlando Barone, Edgardo Mocca y el relator Javier Vicente. Verbitsky hizo referencia a casos en los que, años atrás, el organismo defendió a periodistas como Eduardo Kimel, Jorge Fontevecchia o Héctor D’Amico en casos similares. En esta ocasión es una empresa y no el Estado, como en aquellos casos –el Poder Judicial en el caso de Kimel; el Poder Ejecutivo en el de Fontevecchia y D’Amico–, quien demanda, y los delitos implican muchos más años de prisión, con el desacato y la calumnia e injuria fuera de juego cuando se trata de cuestiones de interés público.

“Pensamos que la intimidación al periodismo y a la libertad de expresión es igual de grave si la ejerce el Estado que si la ejerce una gran empresa, en este caso el Grupo Clarín”, remarcó el columnista de Página/12, quien adelantó que la entidad que preside representará la defensa de los periodistas denunciados. “Denunciados”, dijo, pese al intento de desmentida que significó la recorrida del abogado Wortman Jofré por programas radiales matutinos. “El Grupo Clarín dice que no ha pedido un castigo contra los periodistas, que no están imputados sino sólo citados como testigos. Esto es claramente una marcha atrás, un retroceso”, respondió Verbitsky ayer durante la conferencia de prensa.

De acuerdo con la lectura que el CELS hizo de la demanda que el grupo presentó ante el juez federal Luis Rodríguez, “los periodistas son mencionados como propaladores del mensaje oficial, colocados en pie de igualdad con funcionarios del gobierno nacional como Carlos Zannini, Martín Sabbatella, el diputado Edgardo Depetri, el legislador porteño Juan Cabandié y militantes, el director del Haroldo Conti, Eduardo Jozami, denunciados por incitadores a la violencia y coacción agravada. Hay una contradicción flagrante entre esta desmentida y la denuncia judicial”, entendió Verbitsky. Por su parte, Loreti agregó: “En la denuncia, los periodistas y funcionarios aparecen en los mismos párrafos y en los mismos capítulos, en las mismas condiciones y características”.

Russo, Veiras, Caballero, Barone, Mocca y Vicente figuran en la denuncia tanto como los dichos por los que se los denuncia, punto en el que radica justamente el objetivo del grupo empresario, según el presidente del CELS. “Las citas concretas en el propio escrito de Clarín son la mejor prueba de que lo que hoy dijo el abogado de Clarín es mentira. Los han citado, los han denunciado. Están acusados y por eso defenderemos a los compañeros de esta intimidación, los acompañaremos a su declaración y vamos a hacer todo lo que sea necesario para que no se pueda concretar el objetivo intimidatorio de esta denuncia”, mencionó. Sin embargo, la estrategia, por ahora, será esperar. “Creemos que es importante agotar todas las instancias judiciales para que el juez diga que acá no hay ningún delito ya que criminalizar esto sería avanzar contra la libertad de expresión”, sostuvo Chillier.

“A poco de leer los propios dichos que les atribuyen a los compañeros en la denuncia es absolutamente idóneo que ninguno de ellos haya dicho nada que pueda parecerse a una incitación a la violencia ni que tampoco de lo dicho resulte que haya un caso de amenazas agravadas o coacción agravadas, que es obligar a otro a hacer algo en contra de su voluntad limitando su capacidad de autodeterminación y su libertad”, explicó Loreti en referencia a la posibilidad de que alguno de los periodistas denunciados esté efectivamente violando los artículos 212 o 149 bis del Código Penal (incitación a la violencia o coacción agravada, respectivamente) citados en la denuncia. “Lo que hay son comentarios sobre la realidad cotidiana, lo cual implica la puesta a disposición de la Justicia de dichos de periodistas por su sola visión de quienes profesionalmente opinan o informan, lo cual es particularmente grave en el estado de derecho en el que vivimos”, concluyó el especialista en derecho a la información.

Tras la explicación de sus, desde ayer, defensores, los denunciados expresaron de diversas maneras un mensaje de agradecimiento. Primero, al CELS por asumir su defensa. Pero el gracias se hizo extensivo porque la presencia y el apoyo también lo fueron. Tati Almeyda y Marta Vázquez, de Madres de Plaza de Mayo; Estela de Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo; Lita Boitano, de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas; y Padres de Plaza de Mayo estuvieron presentes en la conferencia. Varios colectivos de trabajadores de medios de prensa, incluidos los de TN y Canal 13, enviaron adhesiones de solidaridad y rechazo a la denuncia de Grupo Clarín.

Vicente devolvió el gesto. Veiras entendió la respuesta mancomunada como la demostración de que por más que enfrente estén corporaciones más que poderosas, cuando se defienden cuestiones con racionalidad y con fundamentos, esos supuestos poderosos, con sus poderosos abogados y todo, “deben retroceder y hacer papelones públicos como el de ayer”, en referencia a las declaraciones de Wortman Jofré. Russo, en tanto, opinó que “por primera vez la corporación chocó contra el periodismo y esto tiene que ver con la libertad de todos”. “Los que querían usar el Código Penal como garrote para disciplinar la opinión nuestra hoy (por ayer) han sido derrotados en esta conferencia de prensa”, sostuvo Caballero. Mocca, en tanto, finalizó: “Tenemos fuerza, esto nos revela que estamos más fuertes hoy que antes de la denuncia”