En pleno almuerzo con los jefes de las policías y autoridades del Poder Judicial, el jefe de Estado mandató al Ministro de Justicia, Teodoro Rivera, a conformar una comisión encargada de redactar un nuevo Código Penal.

El anuncio se dio después de ciertos acercamientos entre el Gobierno y magistrados de la Corte de Apelaciones y el Máximo Tribunal, luego de las críticas esgrimidas por diversos ministros de Estado en contra de fallos ambientales, el emblemático Caso Bombas y la decisión de un tribunal de dejar en libertad de un hincha que confesó acuchillar a otro.

Cuestionamientos que atribuían “exceso de garantismo” en los tribunales nacionales, pero que para Rodrigo Cerda, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, no deberían condicionar el enfoque de un nuevo Código Penal.

“Cuando uno trata de restructurar y establecer una nueva legislación penal, uno modifica este ámbito completo. No existen las mismas aprensiones cuando se trata de cambiar algo específico frente a críticas concretas. Pueden argumentar que algunas penas son altas y otras no tanto y tendrán que fundamentar. La norma penal tiene que tener justificación constitucional desde la perspectiva que no se afecten derechos Constitucionales”, precisó Cerda.

Entre los principales argumentos del Ejecutivo para elaborar un nuevo marco jurídico se encuentran su antigüedad, pues el actual data de 1874; infracciones fuera de contexto, como el robo de gallinas, y que muchos delitos no estén incluidos en el articulado. Esto se produciría entre el 70 a 80 por ciento de los ilícitos, según algunos expertos.

Este último elemento, para el abogado Miguel Otero, sería el principal motivo para modificar la normativa.

“El Código Penal debe ser uno solo y no estar repartido en distintas leyes. Ahora, la comisión no sólo tiene que establecer los delitos sino que también las penalidades. El Código nuestro en algunos apartados tiene penas absolutamente absurdas. Castiga cosas que debieran sancionarse con menos penas y las que debieran sancionarse más fuerte tienen menos”, indicó Otero.

Myrna Villegas, doctora en Derecho, afirmó que “todo lo que diga relación con modificar el Código Penal es positivo”, pero en la medida que no apunten “a lo meramente punitivo”, según precisó.

“Los Códigos Penales se deben adecuar a los nuevos tiempos, pero lo que no me parece es que tratemos de huir hacia el derecho penal, en lugar de tratar de solucionar problemas de la delincuencia que se relacionan con otras cosas mucho más grandes como la educación y con la pobreza en general que hay en este país. Hay que adecuar el Código, pero no para saltarse esos problemas y expandirlo innecesariamente”, señaló la jurista.

Para la experta, lo principal de un nuevo reglamento es revisar las temáticas de género, “para eliminar todas aquellas que pudieran ser discriminatorias”, añadió.

Por su parte, Miguel Soto, profesor de derecho penal de la Universidad de Chile, agregó la regulación del aborto, racionalización y disminución de las penas para los delitos contra la propiedad y el aumento de las condenas para los ilícitos contra la vida.

El académico, quien se desempeñó como abogado defensor en el Caso Bombas, enfatizó en que “no es el momento para redactar un nuevo Código Penal”.

“No solo en el gobierno hay una tendencia a la punitividad. No creo que este sea el momento ni el ambiente para hacer una reforma razonable. Tiene que ser cuando haya un hábitat y una cultura de menos punitivismo, cualquier cosa que se haga ahora sería un contrasentido”, sentenció.

Durante los próximos días, el Gobierno debería firmar el decreto que constituye la comisión de expertos. Una vez que se elaboren las propuestas se deberían enviar el Congreso mediante mensaje, para ser analizado por ambas Cámaras.

El texto, antes de convertirse en ley, deberá ser revisado y aprobado por la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional.