“Que me citen. ¿Qué tengo que temer? Nada”, con estas palabras el arzobispo Ricardo Ezzati, reaccionó frente a la medida prejudicial precautoria presentada ante la justicia civil en contra del Arzobispado de Santiago, por tres de las víctimas del ex sacerdote Fernando Karadima.

La acción, liderada por James Hamilton, José Andrés Murillo y Juan Carlos Cruz, busca establecer la responsabilidad de la Iglesia Católica frente al caso de abusos sexuales cometidos en la Parroquia El Bosque, como fase previa a una demanda indemnizatoria en contra de la institución.

En conversación con Radio Universidad de Chile, el abogado de los querellante, Juan Pablo Hermosilla, aseguró que la investigación que llevó la ministra en visita Jessica González, no solo acreditó la existencia de los abusos, sino también de “una consistente y permanente política –en el mejor  de los casos- de mirar para el otro lado por parte de quienes podían detener estos hechos que son, básicamente, los superiores del sacerdote Karadima, vale decir, el arzobispo respectivo”, agregando que, incluso “durante los ‘80 el Arzobispado recibió otras denuncias de este estilo y también fueron botadas a la basura”.

Pese a que durante la última Carta Episcopal, el arzobispo de Santiago pidió perdón por los casos de abuso que involucran a sacerdotes, cuando ha sido consultado por eventuales reparaciones para las víctimas también ha asegurado que en estos hechos “las culpas son siempre personales, no institucionales”.

Sin embargo, para el abogado Hermosilla, en el marco del Caso Karadima -en el que tanto la justicia, como el Vaticano reconocieron los abusos del sacerdote-, “hay antecedentes suficientes para sostener que esto estaba en conocimiento del Arzobispado, donde decidieron no hacer nada al respecto. Desde ese punto de vista, hay piso para demandar la responsabilidad, de acuerdo al sistema civil chileno, del Arzobispado”, aseguró.

No es primera vez que en Chile se busca que la Iglesia Católica repare económicamente a las víctimas de abuso sexual. En 2003, los denunciantes del sacerdote José Andrés Aguirre, más conocido como “Cura Tato”, demandaron indemnizaciones que fueron aceptadas en primera instancia por la justicia, pero luego rechazadas por la Corte Suprema, que desestimó la responsabilidad de la institución en este caso.

Según el académico de Derecho Civil de la Universidad de Chile, Mauricio Tapia, la tónica a nivel mundial es que la Iglesia Católica paga indemnizaciones y llega acuerdos para compensar a las víctimas, por lo que “estaría conforme al Derecho nacional el que se confirme una jurisprudencia de esa naturaleza, porque de lo contrario sería consagrar inmunidad a favor de ciertas personas, y eso es totalmente antidemocrático e inconstitucional”, dijo.

“Si los empleadores responden por el acto de sus dependientes, no se entendería que en este caso pudiera efectuarse una excepción”, agregó el abogado sobre la viabilidad de que las víctimas de Karadima logren reparaciones económicas por parte de la Iglesia chilena.

Efectivamente, según las últimas cifras dadas a conocer en Roma, la Iglesia Católica ya ha desembolsado alrededor de dos mil millones de dólares en concepto de indemnizaciones para víctimas de abuso sexual en todo el mundo.

Por lo pronto, la eventual reparación que reciban las víctimas de Karadima está en manos de la justicia, donde el ministro de la Corte de Apelaciones, Patricio Villarroel, informó que se designará a un ministro del tribunal de alzada, dado el fuero que posee el arzobispo Ricardo Ezzati.