“Los primeros días de enero del próximo año esperamos tener concluido el trabajo de reforma al Código Procesal Penal”, afirmó el ministro Teodoro Rivera en su cuenta pública este martes y añadió que su plazo para entregar el trabajo al Presidente “vence el 20 de enero”.
Se trata de la “reforma a la reforma” que anunció el mandatario el 3 de octubre. Un tema que el secretario de Estado, calificó como “complejo”, pero que se puede abordar gracias a una serie de avances obtenidos en los últimos años y que destacó en su Cuenta Pública.
En ese sentido, el ministro Rivera señaló que “yo creo que Gendarmería de Chile hoy es una institución distinta, mucho más focalizada y orientada a asuntos de su modernización con nuevos programas de estudio, con una nueva mirada de lo que debe ser la persona privada de libertad, igualmente hemos presentado y aprobado normas relevantes, como lo que permite el brazalete electrónico, también hemos avanzado sustancialmente en la reforma al nuevo Código Procesal Civil y el Presidente de la República nos ha pedido que iniciemos las labores para tramitar un nuevo Código Penal , sin duda un tema muy fundamental para la sociedad chilena”.
Sin embargo, existen una serie de críticas a cómo está operando la Justicia en nuestro país. Este mismo lunes en la entrega del Informe anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quedaron a la vista una serie de falencias que apuntan a la desigualdad en el acceso.
Entre ellas destacan las barreras económicas que impiden o inciden negativamente en el derecho a ser oído por un tribunal independiente, natural e imparcial en igualdad de condiciones.
Además, el Instituto advirtió sobre las dificultades de acceso a juicios justos en los casos relacionados con la protesta social mapuche en La Araucanía.
A esto sumó un completo apartado sobre los derechos de quienes están privados de libertad, recordando el alto hacinamiento y poniendo el énfasis en la falta de profesional médico para garantizar el derecho a la Salud de los condenados. Además, trató otros temas como la protección que requieren las minorías sexuales en las cárceles, la situación de los menores y del personal de gendarmería.
Y justamente, fueron los trabajadores de gendarmería quienes se mostraron en desacuerdo con la rendición del ministro.
Pedro Maldonado, dirigente y ex presidente de la Asociación Nacional Funcionarios Penitenciarios (ANFUP), indicó que “nosotros seguimos enfrentando el día a día, con los mismos recursos, con las mismas ineficiencias y con las mismas faltas de personal, con el mismo hacinamiento y ambiente negativo que existe en las unidades penales. Seguimos realizándolo igual, como lo hemos hecho hasta hoy, no hay diferencia en aquello. Aquí no hay ninguna modernización en ese sentido”.
Maldonado afirmó que no se han construido nuevos recintos, ni ampliado los centros, que el trabajo en rehabilitación sigue pendiente, las falta de atención en salud mental del personal, no se ha invertido en capacitación y, al contrario, se redujeron los recursos para esto en el presupuesto 2013, y añadió: “En estas condiciones no podemos dar cuenta de la modernización a la que alude el ministro”.
“Los primeros días de enero del próximo año esperamos tener concluido el trabajo de reforma al Código Procesal Penal”, afirmó el ministro Teodoro Rivera en su cuenta pública este martes y añadió que su plazo para entregar el trabajo al Presidente “vence el 20 de enero”.
Se trata de la “reforma a la reforma” que anunció el mandatario el 3 de octubre. Un tema que el secretario de Estado, calificó como “complejo”, pero que se puede abordar gracias a una serie de avances obtenidos en los últimos años y que destacó en su Cuenta Pública.
En ese sentido, el ministro Rivera señaló que “yo creo que Gendarmería de Chile hoy es una institución distinta, mucho más focalizada y orientada a asuntos de su modernización con nuevos programas de estudio, con una nueva mirada de lo que debe ser la persona privada de libertad, igualmente hemos presentado y aprobado normas relevantes, como lo que permite el brazalete electrónico, también hemos avanzado sustancialmente en la reforma al nuevo Código Procesal Civil y el Presidente de la República nos ha pedido que iniciemos las labores para tramitar un nuevo Código Penal , sin duda un tema muy fundamental para la sociedad chilena”.
Sin embargo, existen una serie de críticas a cómo está operando la Justicia en nuestro país. Este mismo lunes en la entrega del Informe anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quedaron a la vista una serie de falencias que apuntan a la desigualdad en el acceso.
Entre ellas destacan las barreras económicas que impiden o inciden negativamente en el derecho a ser oído por un tribunal independiente, natural e imparcial en igualdad de condiciones.
Además, el Instituto advirtió sobre las dificultades de acceso a juicios justos en los casos relacionados con la protesta social mapuche en La Araucanía.
A esto sumó un completo apartado sobre los derechos de quienes están privados de libertad, recordando el alto hacinamiento y poniendo el énfasis en la falta de profesional médico para garantizar el derecho a la Salud de los condenados. Además, trató otros temas como la protección que requieren las minorías sexuales en las cárceles, la situación de los menores y del personal de gendarmería.
Y justamente, fueron los trabajadores de gendarmería quienes se mostraron en desacuerdo con la rendición del ministro.
Pedro Maldonado, dirigente y ex presidente de la Asociación Nacional Funcionarios Penitenciarios (ANFUP), indicó que “nosotros seguimos enfrentando el día a día, con los mismos recursos, con las mismas ineficiencias y con las mismas faltas de personal, con el mismo hacinamiento y ambiente negativo que existe en las unidades penales. Seguimos realizándolo igual, como lo hemos hecho hasta hoy, no hay diferencia en aquello. Aquí no hay ninguna modernización en ese sentido”.
Maldonado afirmó que no se han construido nuevos recintos, ni ampliado los centros, que el trabajo en rehabilitación sigue pendiente, las falta de atención en salud mental del personal, no se ha invertido en capacitación y, al contrario, se redujeron los recursos para esto en el presupuesto 2013, y añadió: “En estas condiciones no podemos dar cuenta de la modernización a la que alude el ministro”.
“Los primeros días de enero del próximo año esperamos tener concluido el trabajo de reforma al Código Procesal Penal”, afirmó el ministro Teodoro Rivera en su cuenta pública este martes y añadió que su plazo para entregar el trabajo al Presidente “vence el 20 de enero”.
Se trata de la “reforma a la reforma” que anunció el mandatario el 3 de octubre. Un tema que el secretario de Estado, calificó como “complejo”, pero que se puede abordar gracias a una serie de avances obtenidos en los últimos años y que destacó en su Cuenta Pública.
En ese sentido, el ministro Rivera señaló que “yo creo que Gendarmería de Chile hoy es una institución distinta, mucho más focalizada y orientada a asuntos de su modernización con nuevos programas de estudio, con una nueva mirada de lo que debe ser la persona privada de libertad, igualmente hemos presentado y aprobado normas relevantes, como lo que permite el brazalete electrónico, también hemos avanzado sustancialmente en la reforma al nuevo Código Procesal Civil y el Presidente de la República nos ha pedido que iniciemos las labores para tramitar un nuevo Código Penal , sin duda un tema muy fundamental para la sociedad chilena”.
Sin embargo, existen una serie de críticas a cómo está operando la Justicia en nuestro país. Este mismo lunes en la entrega del Informe anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quedaron a la vista una serie de falencias que apuntan a la desigualdad en el acceso.
Entre ellas destacan las barreras económicas que impiden o inciden negativamente en el derecho a ser oído por un tribunal independiente, natural e imparcial en igualdad de condiciones.
Además, el Instituto advirtió sobre las dificultades de acceso a juicios justos en los casos relacionados con la protesta social mapuche en La Araucanía.
A esto sumó un completo apartado sobre los derechos de quienes están privados de libertad, recordando el alto hacinamiento y poniendo el énfasis en la falta de profesional médico para garantizar el derecho a la Salud de los condenados. Además, trató otros temas como la protección que requieren las minorías sexuales en las cárceles, la situación de los menores y del personal de gendarmería.
Y justamente, fueron los trabajadores de gendarmería quienes se mostraron en desacuerdo con la rendición del ministro.
Pedro Maldonado, dirigente y ex presidente de la Asociación Nacional Funcionarios Penitenciarios (ANFUP), indicó que “nosotros seguimos enfrentando el día a día, con los mismos recursos, con las mismas ineficiencias y con las mismas faltas de personal, con el mismo hacinamiento y ambiente negativo que existe en las unidades penales. Seguimos realizándolo igual, como lo hemos hecho hasta hoy, no hay diferencia en aquello. Aquí no hay ninguna modernización en ese sentido”.
Maldonado afirmó que no se han construido nuevos recintos, ni ampliado los centros, que el trabajo en rehabilitación sigue pendiente, las falta de atención en salud mental del personal, no se ha invertido en capacitación y, al contrario, se redujeron los recursos para esto en el presupuesto 2013, y añadió: “En estas condiciones no podemos dar cuenta de la modernización a la que alude el ministro”.
