Un 96.93 por ciento de las instituciones de administración central cumple con el principio de transparencia activa, es decir, disponen de información actualizada y en funcionamiento en sus sitios electrónicos, sus bases de datos son consistentes y sus auditorías son concordantes con las de la Contraloría General de la República.
Las reparticiones públicas con mayor nivel de cumplimiento son las intendencias, con un 99,58 por ciento, mientras que los hospitales auto gestionados registraron los índices más bajos, con un 93,12.
Sin embargo, también hay reparticiones que disminuyeron sus índices de cumplimiento, según detalló Raúl Ferrada, director general del Consejo para la Transparencia.
En este sentido, el director del organismo estatal señaló que “hay organismos básicamente los Serviu y las Subsecretarias que tienen un desempeño al año 2012 que es inferior al desempeño que obtuvieron al año 2010, vale decir, advertimos un retroceso. En el caso de los gobiernos regionales también se repite esta tendencia respecto del año 2011”.
Sumado a esto, persiste un bajo nivel de conocimiento de la normativa de parte de la población que, en este informe en particular, se traduce en que sólo un 6 por ciento de la ciudadanía sabe que existe una sección de Transparencia Activa en los sitios electrónicos de las reparticiones públicas.
Por ello, el análisis del presidente del Consejo para la Transparencia, Alejandro Ferreiro, apuntó a que el organismo puede, sólo en parte, sentirse satisfecho con la fiscalización 2012.
En esa línea, el presidente de la instancia del Estado dijo que “las obligaciones legales de transparencia activa de la administración central están razonablemente cumplidas a cuatro años de funcionamiento de la ley. La perspectiva de la demanda ciudadana, percibimos que todavía queda mucho por avanzar y sólo 6 por ciento declara conocer la existencia de esta información y por tanto son muchos los que no la utilizan pudiendo sacarle provecho. En consecuencia hay un esfuerzo de mayor difusión, pero también de potenciamiento de las mejores prácticas para que las personas accedan a la información útil, la que necesitan para su interacción regular con el Estado”.
Este elemento es coincidente con otros estudios del organismo, donde se demuestra que cerca de un 15 por ciento de la población afirma conocer la Ley de Acceso a la Información y el Consejo para la Transparencia.
Por ello, Alejandro Ferreiro anunció “la más masiva campaña comunicacional de la entidad” para el primer trimestre del próximo año.
