El viernes 28 de diciembre, coincidiendo con la tradición del Día de los Inocentes, comienzan a funcionar los Tribunales Ambientales, instancia donde ciudadanos e instituciones podrán hacer reclamaciones o demandas sobre problemas locales referidos a daños al entorno natural.

Hasta la fecha, se han escuchado críticas respecto de la lentitud del proceso, pero desde julio se trabajaba con estos plazos y ya fueron designados los jueces para el primero de los Tribunales ubicado en Santiago, restando los funcionarios para las salas en Valdivia y Antofagasta.

Los cuestionamientos previos a iniciarse el trabajo de esta nueva instancia, apuntan a la debilidad de la institucionalidad que significan el Sistema de Evaluación Ambiental y el ministerio del ramo, de los cuales los tribunales y la superintendencia se encargarán de fiscalizar.

Flavia Liberona, directora de la Fundación Terram, asegura que la normativa y el contexto institucional es débil, lo que podría dificultar la labor que estas nuevas reparticiones están llamadas a hacer.

“Si el servicio de evaluación ambiental de proyectos aprueba mal los proyectos, porque la ley está mal, difícilmente se podrá fiscalizar. Si bien estas dos instituciones son de esperanza, queremos una mejor implementación, ya que la crítica es al sistema que está operando proyectos o dictando normas”, sostuvo.

Liberona dijo que esto se suma a retrasos en los reglamentos del ministerio y del SEA que deben estar operando, sobre calidad de aguas y ríos, para el aire y sobre regulación de suelo.

Además, la directora de Terram enfatizó en el problema que supone la existencia de apenas 3 tribunales para abordar los problemas de todo el territorio nacional, y apuntó que “si esto es para todo el territorio, acá hay una desigualdad ante la ley. Si una comunidad reclama en Magallanes, necesita recursos para seguir un juicio en Valdivia, lo que es más fácil para una empresa. Esto pasará en los lugares donde no estén establecidos los jueces”.

Conflicto ambiental

Por otra parte estos tribunales tendrán la difícil misión, según Ana Lya Uriarte, ex ministra del Medioambiente e investigadora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, de ser la garantía de la ciudadanía frente a episodios de conflictividad en la materia, como lo fueron los proyectos Hidroaysén, Punta Alcalde o la Termoeléctrica Barrancones.

La investigadora recalca que “estamos en un marco de expectativa respecto a la contribución de los tribunales, en forma tal que los ciudadanos encuentren ahí un espacio de garantía de funcionamiento de la institucionalidad ambiental y del quehacer medioambiental. Se espera que cumplan el rol de garantes de la ley local”.

La ex secretaria de Estado dijo que esta es una iniciativa clave, y más allá de las desconfianzas que otros sectores han expresado, explicó que esto comienza a funcionar en base a reforma en implementación que ha tenido cambios muy importantes respecto a la evaluación de proyectos.