Emilio de la Cerda, secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, firma un oficio dirigido al ministro de Educación, Harald Beyer, con fecha 18 de diciembre de 2012, donde solicita la intervención del Consejo de Defensa del Estado, por daños arqueológicos y patrimoniales que provoca el paso del rally Dakar por las regiones del norte de Chile.

En el documento, De la Cerda recalca sobre la preocupación del CMN ante los daños patrimoniales registrados en las versiones anteriores del Dakar en Chile, además de la inquietud ante las eventuales responsabilidades de funcionarios públicos que faciliten su destrucción, tal como contempla la ley.

Según el Consejo, ya son cerca de 300 los puntos dañados en regiones conocidas por sitios de conservación e investigación arqueológica, arrasados por más de 500 automóviles de carga pesada que conforman la caravana de la competencia iniciada ayer en Perú.

La vicepresidenta del Colegio de Arqueólogos, Paola González, apunta que el CDE poco puede hacer ante esta situación, ya que el propio Instituto Nacional del Deporte es co-organizador de la cita, avalando la precaria situación del patrimonio milenario.

“En Chile, cuando una empresa destruye un sitio arqueológico, inmediatamente procede el CDE y ejerce una acción por daño ambiental, donde solicita reparación e indemnización pecuniaria. Pero al ser el Instituto Nacional del Deporte quien co-organiza el evento, el CDE no puede actuar en contra de otro órgano del Estado, entonces no puede operar este mecanismo de protección”, declaró.

Pese a la contundente evidencia, el titular del Instituto del Deporte, Gabriel Ruiz-Tagle, ha declarado que las críticas al rally son infundadas y no establece ninguna responsabilidad respecto a los daños registrados en las cuatro versiones anteriores que pasaron por Chile.

El oficio apunta que el IND ha denegado investigaciones arqueológicas y paleontológicas previas a la competencia, lo que permita generar líneas de base de protección patrimonial, lo cual es hoy vulnerado con el paso de camiones y maquinaria sin indicaciones de riesgo.

El Consejo de Monumentos ha solicitado indemnización al IND por montos que ascienden a los 350 millones de pesos, de los cuales sólo 40 han sido emitidos desde el instituto. Ante ello, la pregunta desde el Colegio de Arqueólogos es porqué el IND acepta el pago de estas compensaciones, por un lado, y por otro niega los daños en los que incurre el rally.

La abogada y vicepresidenta del Colegio recalca sobre la vulneración de la legislación de protección vigente: “Está el dato concreto de destrucción de sitios arqueológicos, que ya va cercano a los 300 sitios, pero lo más grave es la vulneración del sistema de protección que contaba la legislación previa al Dakar. No se está ingresando a evaluación ambiental, la ley base de protección, y tampoco se persigue el delito de destrucción de sitio arqueológico”.

En los últimos dos años, Luis Mariano Rendón, del grupo Acción Ecológica, presentó querellas criminales y recursos de protección por el daño patrimonial del Dakar, sin que la justicia diera curso a estas diligencias.

A juicio de Rendón, existe complicidad en los tres poderes del Estado ante esta emergencia arqueológica en zonas indígenas, quien apunta que “el Poder Judicial chileno está siendo cómplice de la destrucción. Nosotros hemos presentado acciones, y en el caso de acciones criminales, el Ministerio Público las archiva, y en recursos de protección, se hace vista gorda. Es más, se entra en una nueva figura que es la denegación de justicia”.

Según el ambientalista, “acá los tres poderes del Estado hacen vista gorda de la situación, desde el Ejecutivo que es parte activa en la organización de la competencia, la indolencia con la que actúa el Poder Judicial y los propios parlamentarios, quienes no han tomado cartas en el asunto en una situación que ya se repite por cinco años consecutivos”.

Otro punto a considerar en las demandas contra el Dakar, está el Convenio 169 de la OIT, que exige al Estado una consulta obligatoria e informada a los pueblos indígenas sobre proyectos que atañen su realidad cercana. Esta diligencia no se ha realizado, lo que suma un nuevo caso donde este tratado internacional es impugnado a las políticas de Gobierno.

Ante ello, los organismos que buscan protección del patrimonio arqueológico en el norte del país, no descartan acciones internacionales, incluso elevar sus demandas hasta la Corte Interamericana de Justicia.