Diversos exponentes del área de la salud, ciencia, y nutrición instaron al ministro del ramo, Jaime Mañalich, a que modifique el reglamento que rige la ley 20.606, sobre Composición Nutricional de los Alimentos y su Publicidad, más conocida como “Ley de Comida Chatarra” o “Ley Súper 8”, por cuanto no respeta los criterios establecidos durante su tramitación en el Congreso, y por el contrario, confunde a los consumidores y población escolar entera.
Así lo manifestó el médico nutriólogo de la Universidad de Chile, y miembro de la Liga Contra la Obesidad, Jaime García, quien precisó que “el reglamento no ha avanzado nada desde la anterior revisión realizada por el Legislativo, y tampoco consideró las recomendaciones emanadas desde la sociedad científica y especializada en la materia”.
El académico sostuvo que “el reglamento ha elegido no poner los tamaños de las porciones, entonces se puede sumar todo el sodio posible y disminuir la porción. Entonces el reglamento debe definir la porción y definir además por 100 gramos, porque técnicamente, lo que vemos ahora no es aceptable”.
Algo con que coincidió el Premio Nacional de Ciencias 2012, Ricardo Uauy, quien enfatizó en que la normativa “es una manera de engañar, ya que no propende a la alimentación saludable”.
Uauy sostuvo que “la Subsecretaría de la Salud ha cometido un error al hacer circular el documento que no sirve como regulación, y llamó al Ministro Mañalich a revisarlo a la brevedad; ya que no se establecen indicadores claros, y aquello implica un retroceso en los acuerdos”.
“Son porciones bastante cargadas a la azúcar o la sal, manejable por la industria alimentaria. Se sigue trabajando con las recomendaciones a la población infantil con términos técnicos. Esto es cero avance, se está perdiendo la oportunidad de tener un buen reglamento”, indicó.
Desde la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), Hernán Calderón adhirió a la crítica y llamado a corrección del reglamento elaborado por el Instituto de Nutrición de Tecnología de los Alimentos (INTA), ya que la reglamentación también infringe criterios empresariales.
Calderón recalcó que “las muchas empresas que hayan firmado contratos de concesiones en la educación pública, previo a la promulgación de la ley, no deberán asumir la responsabilidad de entregar alimentación saludable”, lo cual genera dos interpretaciones una misma ley.
“Tiene algunas situaciones graves, como el artículo transitorio que aprueba que la empresas que tengan contrato con escuelas, que entregan alimento a los niños, no los obliga a cumplir con la norma hasta cumplir con los contratos. Entonces habrán años en que estas empresas no se ven obligadas a cumplir con la ley”, declaró Calderón.
Tanto científicos como dirigentes de la sociedad civil organizada instaron al Ejecutivo, a través del Minsal, a que modifique el reglamento que permitirá la entrada en vigencia de la discutida 20.606, también conocida como Ley de Comida Chatarra, la cual ha sido impugnada en diversas ocasiones pero que en este momento preocupa mayormente, ya que se configura como el último paso para que la normativa entre en vigencia, la cual de quedar así, generará más problemas que beneficios.
