La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados votará la idea de legislar la división del Servicio Nacional de Menores la próxima semana, luego de acordar con los ministerios de Justicia y Desarrollo Social la presentación del proyecto de Ley de Protección de los Derechos de la Infancia y Adolescencia, según informó la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (Achnu).

De este modo, la reforma al servicio quedó sujeta a la discusión de una propuesta integral para la niñez, demanda de las instituciones de la sociedad civil que forman el Bloque por la Infancia.

La decisión se tomó en la sesión de la Comisión realizada el lunes 7 de enero, a la cual asistieron la ministra de Justicia, Patricia Pérez, la subsecretaria de Desarrollo Social, Soledad Arellano, y representantes de la sociedad civil, Unicef y de los trabajadores del Sename.

En la instancia los diputados solicitaron a las autoridades de gobierno que, para aprobar la idea de legislar su propuesta de división del Sename, ésta debía acompañarse de la presentación de un proyecto de Ley de Protección Integral de los Derechos de la Infancia y Adolescencia.

Este ha sido el planteamiento de las instituciones de la sociedad civil desde un principio, quienes han criticado que una reforma al Sename no garantiza superar ninguna de las graves falencias del sistema actual, como ya plantearon en una declaración pública en agosto de 2012. (Leer declaración AQUÍ)

Ambos ministerios comprometieron la presentación del mentado proyecto de ley para marzo de este año, mientras la próxima semana el Gobierno mostraría los lineamientos generales de esta propuesta en la misma Comisión.

Con posterioridad a marzo, también se presentaría la propuesta de derogación de la actualmente vigente Ley de Menores (1967), a la espera de los estudios legales al respecto.

La propuesta de división del Sename elaborada por el gobierno contempla la creación de dos servicios: el de Protección a la Infancia y Adolescencia, dedicado a los niños y niñas vulnerados en sus derechos a cargo del Ministerio de Desarrollo Social; y el de Responsabilidad Penal Adolescente, para adolescentes en conflicto con la justicia, a cargo del Ministerio de Justicia.

Tanto los expertos como los propios funcionarios del actual servicio han criticado la propuesta por cuanto implica una reforma meramente administrativa, sin asignación de nuevos recursos, que no ataca el problema de fondo: la carencia de un sistema integral que contemple a toda la niñez que vive en Chile.