En una Sesión Especial, y donde los principales citados fueron los ministros de Hacienda y del Trabajo, Felipe Larraín y Evelyn Matthei respectivamente, la Sala de la Cámara Baja exigió a los secretarios de Estado revisar los casos de los funcionarios despedidos por el Ejecutivo, y a reincorporarlos en caso de contradecir el protocolo de acuerdo suscrito el 27 de noviembre pasado, entre el Gobierno de Piñera y el Sector Público.
Una medida que no fue compartida por todos los sectores; desde el Gobierno, el propio Ministro Larraín señaló que “en ninguna parte se acordó que no iba a haber desvinculación”, y agregó que “se deberá reestudiar la calificación por desempeño para que se convierta en un instrumento efectivo”; aludiendo a las, según cifras de la Agrupación de Empleados Fiscales (ANEF), más de 680 personas despedidas pese a estar en las listas 1 y 2, elaboradas según el despeño laboral.
En la misma línea, el diputado UDI, Carlos Recondo, señaló que “ningún trabajador puede ser objeto de inamovilidad en su trabajo”.
“Tenemos muchas materias que corregir, muchas falencias graves en la gestión de recursos humanos en administración pública. No se plantea que ninguna repartición pública pueda vivir en un estado de inmovilismo total de sus recursos humanos”, apuntó.
Sin embargo y en lo concreto, desde el Sector Público, el presidente del la ANEF, Raúl de la Puente, manifestó su “satisfacción” por los proyectos acordados en el parlamento, los cuales además obligar el cumplimiento del protocolo firmado en noviembre de 2012 -y por consiguiente permitir la reincorporación de los trabajadores afectados-, también comprometen al Ejecutivo a regular la renovación de los funcionarios que se encuentren a contrata o a honorarios, lo cual para el presidente de la ANEF, “el es primer paso para propender a una política eficiente en materia de empleo fiscal”.
Respecto de aquello, Raúl de la Puente reparó en las condiciones que han generado estos despidos sistemáticos, que por cierto se ha perpetuado en las administraciones de las últimas décadas, y que se replican todos los fines de año.
“Se ha ido deteriorando la calidad del empleo, y hoy existe mucho trabajo temporal que no tiene previsión ni carrera funcionaria. Acá se ha roto el Estatuto Administrativo, que contempla que no puede haber más de 20% de personal a contrata. Ahora existe un 60% y a eso hay que sumar personal a honorarios. Debe adoptarse una política de estabilidad laboral y carrera funcionaria”, declaró.
En síntesis, cuatro proyectos de acuerdos, aprobados por la Cámara Baja, que obligan al Ejecutivo a generar mesas de trabajo para regular la condición laboral de los empleados públicos, declarar el protocolo de noviembre pasado como un “contrato colectivo”, y a analizar y reintegrar a los funcionarios injustamente despedidos, que hasta la fecha y sin terminar el catastro definitivo, afectan -según cifras de la ANEF- a 688 funcionarios a lo largo de todo el país.
Finalmente, y en la misma lógica, el Senado presentó un proyecto de ley que busca modificar el Estatuto Administrativo, contenido en la Ley N° 18.834, para el adecuado ejercicio de los derechos al trabajo y a la libertad personal de los funcionarios públicos, especialmente los a contrata y honorarios, optando a condiciones, beneficios y cotizaciones similares a sus pares de planta.
En una Sesión Especial, y donde los principales citados fueron los ministros de Hacienda y del Trabajo, Felipe Larraín y Evelyn Matthei respectivamente, la Sala de la Cámara Baja exigió a los secretarios de Estado revisar los casos de los funcionarios despedidos por el Ejecutivo, y a reincorporarlos en caso de contradecir el protocolo de acuerdo suscrito el 27 de noviembre pasado, entre el Gobierno de Piñera y el Sector Público.
Una medida que no fue compartida por todos los sectores; desde el Gobierno, el propio Ministro Larraín señaló que “en ninguna parte se acordó que no iba a haber desvinculación”, y agregó que “se deberá reestudiar la calificación por desempeño para que se convierta en un instrumento efectivo”; aludiendo a las, según cifras de la Agrupación de Empleados Fiscales (ANEF), más de 680 personas despedidas pese a estar en las listas 1 y 2, elaboradas según el despeño laboral.
En la misma línea, el diputado UDI, Carlos Recondo, señaló que “ningún trabajador puede ser objeto de inamovilidad en su trabajo”.
“Tenemos muchas materias que corregir, muchas falencias graves en la gestión de recursos humanos en administración pública. No se plantea que ninguna repartición pública pueda vivir en un estado de inmovilismo total de sus recursos humanos”, apuntó.
Sin embargo y en lo concreto, desde el Sector Público, el presidente del la ANEF, Raúl de la Puente, manifestó su “satisfacción” por los proyectos acordados en el parlamento, los cuales además obligar el cumplimiento del protocolo firmado en noviembre de 2012 -y por consiguiente permitir la reincorporación de los trabajadores afectados-, también comprometen al Ejecutivo a regular la renovación de los funcionarios que se encuentren a contrata o a honorarios, lo cual para el presidente de la ANEF, “el es primer paso para propender a una política eficiente en materia de empleo fiscal”.
Respecto de aquello, Raúl de la Puente reparó en las condiciones que han generado estos despidos sistemáticos, que por cierto se ha perpetuado en las administraciones de las últimas décadas, y que se replican todos los fines de año.
“Se ha ido deteriorando la calidad del empleo, y hoy existe mucho trabajo temporal que no tiene previsión ni carrera funcionaria. Acá se ha roto el Estatuto Administrativo, que contempla que no puede haber más de 20% de personal a contrata. Ahora existe un 60% y a eso hay que sumar personal a honorarios. Debe adoptarse una política de estabilidad laboral y carrera funcionaria”, declaró.
En síntesis, cuatro proyectos de acuerdos, aprobados por la Cámara Baja, que obligan al Ejecutivo a generar mesas de trabajo para regular la condición laboral de los empleados públicos, declarar el protocolo de noviembre pasado como un “contrato colectivo”, y a analizar y reintegrar a los funcionarios injustamente despedidos, que hasta la fecha y sin terminar el catastro definitivo, afectan -según cifras de la ANEF- a 688 funcionarios a lo largo de todo el país.
Finalmente, y en la misma lógica, el Senado presentó un proyecto de ley que busca modificar el Estatuto Administrativo, contenido en la Ley N° 18.834, para el adecuado ejercicio de los derechos al trabajo y a la libertad personal de los funcionarios públicos, especialmente los a contrata y honorarios, optando a condiciones, beneficios y cotizaciones similares a sus pares de planta.
En una Sesión Especial, y donde los principales citados fueron los ministros de Hacienda y del Trabajo, Felipe Larraín y Evelyn Matthei respectivamente, la Sala de la Cámara Baja exigió a los secretarios de Estado revisar los casos de los funcionarios despedidos por el Ejecutivo, y a reincorporarlos en caso de contradecir el protocolo de acuerdo suscrito el 27 de noviembre pasado, entre el Gobierno de Piñera y el Sector Público.
Una medida que no fue compartida por todos los sectores; desde el Gobierno, el propio Ministro Larraín señaló que “en ninguna parte se acordó que no iba a haber desvinculación”, y agregó que “se deberá reestudiar la calificación por desempeño para que se convierta en un instrumento efectivo”; aludiendo a las, según cifras de la Agrupación de Empleados Fiscales (ANEF), más de 680 personas despedidas pese a estar en las listas 1 y 2, elaboradas según el despeño laboral.
En la misma línea, el diputado UDI, Carlos Recondo, señaló que “ningún trabajador puede ser objeto de inamovilidad en su trabajo”.
“Tenemos muchas materias que corregir, muchas falencias graves en la gestión de recursos humanos en administración pública. No se plantea que ninguna repartición pública pueda vivir en un estado de inmovilismo total de sus recursos humanos”, apuntó.
Sin embargo y en lo concreto, desde el Sector Público, el presidente del la ANEF, Raúl de la Puente, manifestó su “satisfacción” por los proyectos acordados en el parlamento, los cuales además obligar el cumplimiento del protocolo firmado en noviembre de 2012 -y por consiguiente permitir la reincorporación de los trabajadores afectados-, también comprometen al Ejecutivo a regular la renovación de los funcionarios que se encuentren a contrata o a honorarios, lo cual para el presidente de la ANEF, “el es primer paso para propender a una política eficiente en materia de empleo fiscal”.
Respecto de aquello, Raúl de la Puente reparó en las condiciones que han generado estos despidos sistemáticos, que por cierto se ha perpetuado en las administraciones de las últimas décadas, y que se replican todos los fines de año.
“Se ha ido deteriorando la calidad del empleo, y hoy existe mucho trabajo temporal que no tiene previsión ni carrera funcionaria. Acá se ha roto el Estatuto Administrativo, que contempla que no puede haber más de 20% de personal a contrata. Ahora existe un 60% y a eso hay que sumar personal a honorarios. Debe adoptarse una política de estabilidad laboral y carrera funcionaria”, declaró.
En síntesis, cuatro proyectos de acuerdos, aprobados por la Cámara Baja, que obligan al Ejecutivo a generar mesas de trabajo para regular la condición laboral de los empleados públicos, declarar el protocolo de noviembre pasado como un “contrato colectivo”, y a analizar y reintegrar a los funcionarios injustamente despedidos, que hasta la fecha y sin terminar el catastro definitivo, afectan -según cifras de la ANEF- a 688 funcionarios a lo largo de todo el país.
Finalmente, y en la misma lógica, el Senado presentó un proyecto de ley que busca modificar el Estatuto Administrativo, contenido en la Ley N° 18.834, para el adecuado ejercicio de los derechos al trabajo y a la libertad personal de los funcionarios públicos, especialmente los a contrata y honorarios, optando a condiciones, beneficios y cotizaciones similares a sus pares de planta.
