Por unanimidad, la comisión de Constitución, Legislación y Justicia aprobó, en general, el proyecto de ley que regula el lobby.

La iniciativa crea un registro de lobbistas y obliga a las autoridades a informar cada vez que sostengan reuniones con grupos de poder, que busquen influir en determinadas decisiones, relativas a proyectos de ley o decisiones regionales.

La propuesta legislativa ingresó al Congreso en 2008, si registrar avances hasta el año pasado, cuando se le agregaron indicaciones que destrabaron su tramitación.

Esto fue destacado por el presidente de la instancia parlamentaria, diputado RN Cristián Monckeberg, quien señaló que “éste proyecto se lleva tramitando hace muchísimos años en el Congreso, y si hay algo que lo puede resumir es que el lobby ha impedido que la ley de Lobby sea realidad”.

Por su parte, el diputado socialista Marcelo Díaz, aseguró que el lobby de las Isapres y las empresas tabacaleras, en las últimas semanas, incentivaron la votación a favor del proyecto.

El escrito efectúa cambios en la lista de autoridades y funcionarios que pueden ser sujetos pasivos de lobby, incorporándose los directores regionales de los servicios; los encargados de las adquisiciones de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública y la jefatura y sub-jefatura del Estado Mayor Conjunto, además del Fiscal Nacional y los fiscales regionales.