Diputados de todos los partidos de oposición, presentaron una querella contra los funcionarios y autoridades públicas que resulten responsables del delito de “cohecho pasivo propio agravado”, por permitir y no fiscalizar a tiempo la serie de millonarias asesorías prestadas por Eugenio Díaz Corvalán, para universidades e institutos profesionales o de formación técnica, cuando éste presidía interinamente la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).

La medida fue presentada ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, y según lo señaló el diputado PPD, Rodrigo Sepúlveda, “persigue las responsabilidades que el Estado pueda tener por la eventual complicidad con el formalizado Eugenio Díaz”.

En esa línea, González criticó el “escaso 29 por ciento de asistencia que tuvo el Jefe de la División de Educación Superior y consejero de la CNA, Juan José Ugarte”.

“Existe una responsabilidad del Estado porque el Ministerio de Educación no fiscalizó adecuadamente a esta universidad. El señor Ugarte, jefe de la división de Educación Superior, no estuvo presente en las reuniones y por lo tanto no cumplió sus deberes. Aquí hay responsabilidades administrativas, políticas y eventualmente colusión o  situaciones de carácter penal de parte de funcionarios públicos”, aseguró.

Asimismo, la diputada Alejandra Sepúlveda del PRI, recalcó que “esta querella se suma a las indagaciones realizadas por la Comisión Investigadora de la Cámara Baja, la cual en su momento precisó la existencia de responsabilidad Estatal y gubernamental en los delitos cometidos por Eugenio Díaz, además de los ejecutivos privados  que actualmente están siendo investigados a cabalidad”.

“Después de todo lo que ocurrió el año pasado no se han tomado las medidas que corresponden y yo espero que esto se sume además a las querellas que están presentando los estudiantes. Siguen llegando nuevas denuncias y se sigue investigando en relación a los antecedentes que se tienen”, dijo la parlamentaria.

La acción judicial fue presentada por los diputados Carlos Montes (PS), Alejandra Sepúlveda (PRI), Rodrigo González (PPD) y Hugo Gutiérrez (PC), en representación de los partidos opositores al Gobierno de Piñera.

Finalmente y como lo manifestaron los parlamentarios, la querella pretende citar a declarar al propio Ministro de Educación, Harald Beyer, el desvinculado Teodoro Ribera y a Juan José Ugarte, quienes por acción u omisión se convirtieron en cómplices silentes de la estafa que afecta a miles de estudiantes y sus consiguientes familias.