La idea de reformar el sistema que administra los fondos de pensiones de 9,2 millones de personas se instaló luego que el consejero del Banco Central, Joaquín Vial, señalara que el 60 por ciento de los afiliados tienen ahorros promedio de 20 millones de pesos, por lo que accederán a jubilaciones cercanas a 150 mil pesos.

Mientras, la superintendencia de Pensiones indicó que el monto de las personas que optan por un retiro programado disminuyó en un 11 por ciento entre 1985 y 2009.

Los cuestionamientos al sistema fueron respondidos por el presidente de la Asociación de AFP, Guillermo Arthur, quien desestimó las cifras entregadas por Joaquín Vial señalando que “los promedios no nos dicen nada” y apuntó a mejorar la regularidad con que los trabajadores cotizan.

En ese sentido, adelantó que las aseguradoras esperan presentar una propuesta de reforma a fines de marzo, que apuntaría a aumentar el ahorro voluntario y mejorar el Ahorro Previsional Voluntario Colectivo, sin descartar un incremento en el 10 por ciento obligatorio que se cotiza actualmente.

Esto, en un escenario en que, según cifras de la Superintendencia, 1,5 millones de afiliados registran más de nueve años sin pagar cotizaciones y 2,1 millones exhiben más de cinco años sin movimiento en sus cuentas.

La discusión también ha sido abordada en la comisión especial del Congreso para el tema, integrada por los senadores Ximena Rincón (DC), Carlos Bianchi (IND), José Antonio Gómez (PRSD), Carlos Kuschel (RN), Pedro Muñoz (PS), Alejandro Navarro (MAS), Eugenio Tuma (PPD) y Gonzalo Uriarte (UDI).

Senadores de oposición propusieron la semana pasada crear una AFP estatal, moción respaldada también por el senador Carlos Bianchi, quien enfatizó que en el ámbito previsional, a diferencia de otras áreas como salud y educación, no es posible elegir entre servicios privados o públicos.

“Debiera tener un carácter social y que en la eventualidad que hayan pérdidas, éstas no las sufra solo el cotizante, sino que también se asuman las responsabilidades. A nosotros las AFP nos cobran por colocar nuestros dineros, pero al momento de las pérdidas, miran para un lado, miran hacia arriba y no son responsables, aun cuando nos están cobrando por la administración de nuestros dineros. Aquí es el Estado el que además debe tener un rol social, para que además no tengamos personas jubiladas con pensiones que son de pobreza absoluta”, explicó.

La comisión parlamentaria ha recibido a una serie de expertos, centros de estudios y organizaciones, como la asociación de consumidores Acusa AFP.  Uno de sus representantes, el ex senador DC Ricardo Hormazábal, se mostró partidario de crear una AFP estatal, pero indicó que la solución es retomar el antiguo sistema y aumentar el porcentaje de cotización.

“La fórmula de solución al problema de fondo, decimos nosotros, es que nos permitan volver al sistema de reparto que tienen las FF.AA., que se ocupa en la gran mayoría de los países del mundo. Eso tiene un costo y hay que poner un poco más. Las AFP sostienen que los trabajadores tenemos que poner un 30 por ciento más y especialistas, como Ricardo Ffrench-Davis y Klaus Schmidt-Hebbel, hemos sostenido que debe ser aporte patronal, del empleador”, dijo.

Por el contrario, el senador UDI Gonzalo Uriarte se mostró contrario a un cambio de sistema y recordó el reciente trabajo de la llamada “Comisión Marcel”, que derivó en la reforma previsional impulsada por Michelle Bachelet.

“La realidad nos indica que es muy impracticable pensar en cambiar el sistema nuestro, no es viable. Le ha dado estabilidad a la economía, ha generado una institucionalidad que ha funcionado bien y venimos además de una tremenda reforma previsional que creó el Pilar Solidario, como para ahora pretender tirar el mantel y cambiarlo todo”, indicó.

“Nunca me voy a cerrar a nuevas alternativas que mejoren el sistema, hay que estar siempre dispuestos a perfeccionarlo, pero con tranquilidad, para no tomar malas decisiones. No podemos acudir ni a la demagogia ni al populismo ni a soluciones fáciles que suenan muy bien, pero llevadas a la práctica generan efectos negativos, no solo para la economía del país sino también para la del propio afiliado”, concluyó.