La empresa Celco deberá pagar una multa en beneficio fiscal de 800 UTM por diversos incumplimientos en la resolución de calificación ambiental de la Planta de Celulosa de Valdivia, según ratificó este lunes la Corte Suprema.
Esto, luego de que se resolviera un recurso de casación presentado en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que había anulado la sanción aplicada en marzo de 2005, por parte de la Comisión Regional del Medioambiente de Los Lagos.
La medida responde a que la empresa mezclara lodos en la planta de tratamiento, la construcción de una laguna de contención y el vertimiento de aguas contaminadas.
José Araya, del Observatorio Ciudadano valoró la determinación de la Corte Suprema, indicando que esto hace justicia con la multa anulada el año 2005, y apuntó que “hay que destacar este fallo, es muy relevante porque ratifica las sanciones administrativas, además de una conducta de tratar de evitar pagar las multas, y desconocer los errores administrativos que cometió la empresa y son por todos conocidos”.
Sin embargo, para Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), se trata de una multa pequeña en relación al daño causado, que no causa ningún efecto para corregir el actuar de la empresa y devela un vacío en la institucionalidad.
“Este nivel de multa, para el daño causado por Celco, y la dimensión del proyecto, es una cifra que no genera ningún tipo de presión sobre la empresa para corregir la forma de actuar y trabajar con el medioambiente y la comunidad. Esto puede ser fácilmente incorporado a los costos de operación de la empresa”, declaró.
Además, algunas agrupaciones sociales y ambientales buscarán que el fallo se incluya en la causa civil del Consejo de Defensa del Estado contra Celco, pero Eliab Viguera, del Comité de Defensa del Mar de Mehuín, dijo que las medidas de reparación deben dirigirse a los reales afectados.
Viguera postuló que “hubo personas que quedaron damnificados con los efectos negativos de la contaminación. Lo importante es que esta sentencia podría reflejarse hacia no sólo el Consejo de Defensa del Estado o arcas fiscales, sino colocar un poco de descanso a la gente que fue damnificada”.
José Araya, del Observatorio Ciudadano advirtió que se le entregará un “téngase presente” a la causa que lleva la Jueza Gloria Hidalgo, para que se conozca la conducta de la empresa por la demanda del CDE que responsabiliza a la forestal por la contaminación en el santuario de la naturaleza Carlos Andwanter del rio Cruces.