Baltasar Garzón fue magistrado de la Audiencia Nacional de España. Se hizo mundialmente conocido por la búsqueda de justicia en casos emblemáticos como Operación Nécora, relacionado con el tráfico de drogas; GAL y ETA sobre terrorismo; y Operación Cóndor y Pinochet, en violaciones a los DD.HH.

Después de más de dos décadas en la judicatura hispana fue alejado de su cargo por un delito que asegura no existe y por el que está dando acaso la batalla judicial más importante de su vida.

Actualmente es asesor del Alto Tribunal de Justicia de la Haya y defiende a Julian Assange, creador de Wikileaks.

¿Cree usted que el trabajo que ha desarrollado ha permitido una concepción distinta de lo que significan los DD.HH.?

Sería muy cínico de mi parte no decirlo, pero sí influyó, lo hubiera hecho yo o cualquier otra persona. Y es que el escenario para juzgar crímenes de lesa humanidad eran los Tribunales de Nüremberg, primero y los de Bosnia – Herzegovina, Kosovo o Ruanda, por genocidios, en tiempos más próximos. En algunos países ya se venían aplicando los principios de jurisdicción universal que consideran que hay determinados crímenes,  no sólo el genocidio, sino también narcotráfico, trata de seres humanos, piratería, etc., respecto de los cuales los Estados han convenido que sus efectos son de tal naturaleza que le interesa a la humanidad que no haya impunidad. A partir del momento en que la jurisdicción universal se viste de largo, en el sentido de que es conocida por la detención de Pinochet, las cosas cambian, pero no sólo en Chile, porque desde entonces comenzó a penetrar en otros países que ni siquiera sabían que en sus propios sistemas legales lo tenían integrado.

Tanto en la dictadura de Franco como en la de Pinochet, el Poder Judicial siguió funcionando de manera ininterrumpida hasta hoy. ¿De qué manera se ha afectado la aplicación de la ley con un poder que tiene en su interior a muchos de los que en su momento no hicieron justicia o decidieron callar?

Después de la Constitución de 1978 se produjo una renovación importante en el poder judicial en España. Yo mismo inicié mi andadura entonces. Las estructuras del Tribunal Supremo en España se conservaron desde Franco y no se modificaron hasta 1980, sin embargo, todavía hay ciertas acciones que siguen ancladas. La Transición fue para muchas otras cosas, pero no debatió la justicia ni por supuesto, los crímenes franquistas. Cuando acontece la investigación sobre Chile, no fue fácil: el ministerio fiscal y el gobierno en bloque se opusieron a cualquier tipo de investigación fuera en Argentina o Chile. Pero entonces, los jueces de la Audiencia Nacional iniciaron una aventura muy potente al decir que era un momento histórico para que la justicia diera una respuesta hacia la impunidad y avanzar en la calificación de estos hechos.  Se produjo un fallo memorable confirmando mi investigación por la unanimidad de 11 magistrados a favor…nunca más se ha producido esto. Mientras tanto acá en Chile, había investigaciones de estratos  menores y hubo acciones memorables. Lo que ocurrió es que a partir de ese momento la situación se descontroló para ciertos sectores porque los mecanismos  de jurisdicción universal estaban fuera de cualquier control político. En España ha sido peor, puesto que no se ha querido investigar el franquismo y vergonzosamente se ha cerrado el caso. Allá el Tribunal Supremo ha dicho que no se investiga el franquismo y además se sometió a juicio al juez, yo mismo, aunque después se me absolviera lo que era evidente sucedería…es la doble moral. Pero hay una gran diferencia entre Argentina y Chile respecto de España en las investigaciones. El presidente Menem el 27 de enero de 1997 prohibió con un decreto presidencial la colaboración con España, lo ratificó De la Rúa y luego Duhalde. Sólo Kirchner el 2003 elimina ese decreto. En el caso de Chile, es verdad que el estamento judicial más alto vigilaba estrechísimamente a los jueces que estaban investigando, al ministro Juan Guzmán, por ejemplo. Pero cuando Pinochet vuelve a Chile no vuelve para la impunidad, no había al menos elementos que impidieran el enjuiciamiento, y los que había, los solucionaron, es decir, el desafuero, la imputación, el procesamiento… otra cosa es que por la lentitud de la justicia no llegara a someterse a juicio y es verdad, que hubo reticencias a la colaboración. Y es que el principio de jurisdicción universal se complementa con el de cooperación judicial. En definitiva, lo que los jueces tenemos que intentar es de proteger a las víctimas y que allá donde se le pueda juzgar mejor, que es en su país donde están las pruebas, donde están las víctimas, que haya una justicia efectiva. Una anécdota de esa época con Juan Guzmán es elocuente. El fue a un Congreso a la Universidad de Gerona y lo invitaba el catedrático Hernán Hormazábal, quien estando con él en su despacho, me llama y me quiere poner al teléfono a Juan. Sin embargo, Juan se negó diciendo que si hablaba conmigo le quitaban el caso en Chile. ¡No pudimos ni hablar! ¡Tuvimos que esperar tres años para conocernos en La Plata! Es demencial hasta qué punto se llegaba, como si formáramos una suerte de asociación ilícita…

Las simplificaciones son incómodas, sin embargo, ¿cómo definiría el sabor que le dejó a usted el caso Pinochet?

A mí me no dejó mal sabor de boca. Al contrario, el buen sabor fue el haber podido contribuir desde el ejercicio de mi profesión a paliar esa indefensión y falta de reparación de las víctimas. La obligación del juez es ser imparcial, pero no significa ser neutro. Me declaro culpable de estar en la línea hiper protectora de las víctimas, sobre todo en este tipo de caso, porque es la más desamparada.

Vínculos Mapuches-ETA: “Quien ha dicho eso no debe estar muy normal”

Usted está en Chile en un momento muy particular de conflictividad interétnica, cuando se busca aplicar una ley heredada de la dictadura y que ha sido rechazada por todos los organismos internacionales de DD.HH. En especial, por el Instituto de DD.HH., que ha formulado un “juicio de reproche” en contra del Estado y su forma de administrar justicia. ¿Cree usted que lo que está pasando hoy reviste el carácter de terrorismo por parte del pueblo mapuche?

Primero, una legislación como la antiterrorista, como la hay también en España, debe tener una interpretación restrictiva, porque limita en forma exorbitante una serie de derechos. En segundo lugar, esta ley es compatible con una verdadera y auténtica definición de lo que es una organización terrorista que no tiene porqué ser sólo aquellos que llevan las armas, sino también quiénes la conforman, ideologizan, dirigen, etc. Pero eso, que es la obligación de las instituciones y de los jueces mediante pruebas incontestables de establecer, no quiere decir que se pueda aplicar una legislación antiterrorista de manera indiscriminada a toda una comunidad o a todo un pueblo originario por el hecho de serlo. Ya sé que no es así pero si la interpretación va dirigida a esa comunidad porque se generaliza a través de planteamientos, declaraciones o informaciones en las que siempre se dice que “los mapuches”, en lugar de identificarlos como “Felipe Pérez”. Porque la obligación del Estado es descubrir esas dos o tres personas que serán procesadas no porque sean mapuches sino porque se les ha demostrado motivaciones terroristas. Por tanto, eso no tiene nada que con la aplicación antiterrorista. La muerte de dos personas hace unos días es un hecho de una gravedad evidente que debe determinar una eficacia también inmediata a través de una investigación responsable de esos hechos y luego hacer una reflexión de porqué ha sucedido esto, en qué ha fallado el Estado para permitir que esos hechos se produzcan cuando es una zona conflictiva y estaban aconteciendo hechos de otra naturaleza. Esa es una cuestión de legalidad. Extender una legislación antiterrorista a un conjunto  de personas es como investigar a los vascos por etarras…lo que es una barbaridad, pero ¡ojo, que en España también aconteció eso después de una serie de informaciones, campañas,  desde determinados ámbitos políticos!

Con la experiencia de ETA en la mira, ¿cómo entender que el Estado chileno siga aplicando la fuerza y crea que la vía de represión es la salida cuando se ha probado que es la peor manera de enfrentarlo?

El recurso de la fuerza es el recurso de la ineficacia. Antes de recurrir a la fuerza hay muchísimos mecanismos que estamos obligados a implementar. A mí no gusta que se legisle a golpe de acontecimiento, es la peor forma de legislar del mundo. Hay que analizar las causas de lo que está sucediendo antes de ir a un aumento de las penas y a un incremento de figuras jurídicas penales que van a perjudicar más que beneficiar una situación que debe resolverse por el diálogo, el debate, por la resolución de conflictos ancestrales que están presentes.

En los largos años investigando a ETA, ¿pudo usted establecer vínculos entre esa agrupación y grupos mapuches?

No, no… pues quien ha dicho eso no debe estar muy normal. Mi primera aproximación al mundo mapuche fue precisamente para imputarle a Augusto Pinochet uno de los crímenes de posible genocidio contra ese pueblo. Es muy difícil que un pueblo originario por su cosmovisión y principios pueda asociarse en una alianza delictiva más allá lo que pueda ser la defensa de sus tierras. No me cuadra absolutamente.

¿Cree usted que la educación es un derecho inalienable?

Chile se enmarca en esa lucha estudiantil que se ha desarrollado también en otros países, pero es evidente que es el número uno por la fuerza de su movimiento. Es un derecho luchar por una educación gratuita y pública, sin perjuicio de que puedan haber otras iniciativas, pero desde luego no impulsadas desde el Estado. Es inmoral que el Estado impulse una educación privada, tiene una obligación frente a sus ciudadanos de propiciar una educación gratuita o lo más equitativa y accequible posible. La aspiración de un modelo público de enseñanza es absolutamente fundamental.

¿Puede este principio de la jurisprudencia universal poner sus ojos en este caso y obligar a un Estado a que cumpla esto?

Es más una labor de concienciación interna.