Si bien a comienzos de 2011 el Gobierno introdujo indicaciones sustitutivas al proyecto de bioseguridad de vegetales genéticamente modificados, más conocido como Ley de Transgénicos, éste lleva más de un año detenido en la comisión de Agricultura del Senado, donde inició su primer trámite constitucional.

Desde el Ministerio de Agricultura confirmaron que van a seguir insistiendo y que esperan tener avances en el primer semestre de 2013.

En ese sentido, el asesor científico de la Oficina de Estudios y de Políticas Agrarias, Patricio Parodi, indicó que si nuestro país se cierra a esta tecnología afectará directamente su competitividad en el mercado externo.

Además, afirmó que ya está en reuniones con los parlamentarios de las comisiones de Agricultura y Salud de la Cámara Alta.

Sin embargo, frente a la lluvia de críticas que han tenido iniciativas anteriores, como la aprobación del convenio que introducía las semillas transgénicas, desde el mismo oficialismo auguran una tramitación lenta.

El senador RN José García Ruminot dijo no tener “ninguna duda de que la discusión va a ser muy dura, muy difícil. Quiero recordar que cuando se aprobó el convenio UPOV 91 se hizo por muy estrecho margen, por lo tanto, lo más probable es que va a enfrentar dificultades, porque hay visiones muy diversas dentro del Congreso”.

El tema es tan delicado que incluso cuatro parlamentarios presentaron un proyecto de ley de moratoria a la introducción de transgénicos hasta que no exista información suficiente.

Uno de ellos fue el senador del MAS, Alejando Navarro, quien explicó que “nos interesa que todo lo que tenga que ver con biogenética esté controlado y regulado. Creemos que tiene que haber una moratoria hasta que no exista el debate necesario respecto de las medidas cautelares que el país va a tener para la introducción de estos nuevos elementos. Cada vez que el Gobierno plantea este debate, le decimos que tiene que haber la legislación suficiente para proteger al país de estos elementos, que todos sabemos cómo comienzan pero no sabemos cómo terminan”.

Organizaciones de campesinos, agricultores orgánicos, mujeres temporeras y ambientalistas, entre otros, ya han manifestado reparos a la iniciativa apuntado sobre todo a la debilidad que presenta.

Lucía Sepúlveda, de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas (RAP-AL), consideró que el proyecto “despeja el camino como para que solo se logre la introducción de los transgénicos al mercado interno sin ningún tipo de resguardo de seguridad. Por ejemplo, no contempla para nada el etiquetado de los alimentos transgénicos, a pesar de que su artículo primero dice que se preocupa de ese tema. Segundo, no considera para nada la posible contaminación de cultivos orgánicos o convencionales por transgénicos y eso es grave”.

A esto se suma la inseguridad sobre los serios daños que pueden generar los transgénicos en la salud, lo que ha sido descartado por algunos especialistas debido a la falta de pruebas en investigaciones.

Sin embargo, Lucía Sepúlveda afirmó que éstas fueron realizadas en un margen inferior a tres meses, mientras que los últimos experimentos de largo plazo demuestran la existencia de daño crónico severo.