La Subsecretaría del Interior informó del inició de una investigación para esclarecer las presuntas irregularidades detectadas en el Programa de Derechos Humanos de dicha cartera.

En un comunicado de prensa la división del Ministerio del Interior precisó que para estos efectos fue designado como fiscal a un abogado de la división jurídica de dicha subsecretaría.

La determinación se adoptó tras el dictamen que emitió la Contraloría General de la República, donde da cuenta de “presuntas irregularidades relacionadas con el incumplimiento de la jornada laboral y gastos excesivos en telefonía móvil por parte de la Secretaria Ejecutiva, Rossy Lama Díaz, como asimismo respecto de permisos laborales y vacaciones improcedentes otorgados a algunas personas contratados sobre la base de honorarios”.