A un día de la ruptura de matriz de Aguas Andinas, que volvió a dejar sin agua a una parte importante de las comunas de Macul y Ñuñoa, el  jefe de emergencias de este último municipio, Oscar Cañón, afirmó que propondrá una demanda colectiva contra la empresa. Esto porque el pan de acción dejó costos de 15 a 20 millones de pesos para la municipalidad, que no recibiría compensación alguna al tratarse “de una emergencia”.

Además, el funcionario se refirió a la situación de estos días y el malestar de los ciudadanos, quien apuntó que “la gente está muy molesta, han sido afectados por dos episodios continuos y la gente tiene una actitud de rechazo entendible, y nos hacemos parte de la molestia. La gente se descarga con el municipio, pone mala cara, pero nosotros los apoyamos y nos indican como responsables, pese a que no tenemos injerencia”.

Este escenario han debido enfrentarlo todos los alcaldes de las más de 20 comunas afectadas, cuenten o no cuenten recursos para ello, por lo que acusaron un cierto estado de desprotección en la materia.

Sobre esto se refirió la alcaldesa (s) de la comuna de El Bosque, Jimena Lauría, quien criticó el manejo de la empresa: “Nosotros estamos en contacto con Aguas Andinas, que han dado un apoyo mínimo. Los municipios debemos gestionar de manera autónoma, buscando que la gente tenga para abastecerse, asumiendo los costos, y hoy aparece una iniciativa de la empresa para coordinarnos, pero en la emergencia nos dejaron solos”.

En ese sentido, la jefa comunal apuntó a la necesidad de contar con protocolos conformados en conjunto con los municipios para que, en adelante, se tenga una cercana comunicación con quienes son los responsables del bienestar de la ciudadanía y no se tenga que esperar a recibir la información oficial a través de los medios de comunicación.

Además, los alcaldes han estado debatiendo sobre la administración del recurso a mayor escala. El Concejal de San José de Maipo y presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Marco Quintanilla, se refirió a las crisis de este 2013, y destacó que “ha quedado de manifiesto que una empresa privada no es capaz de sostener una región, menos la metropolitana. Sugerimos que el control del agua lo tenga el Estado, y que la generación de agua potable esté en manos de municipios, a través de herramientas que eviten centralizar en una empresa, creemos en la diversificación”.

Esto va en línea con las voces de diversas organizaciones ciudadanas que, desde hace un tiempo, exigen cambios estructurales a la legislación, desde el Código de Aguas hasta la misma Constitución si es necesario, con la finalidad de asegurar el acceso igualitario al este importante recurso.

Estas son algunas propuestas que han surgido a raíz de una serie de incidentes, que si bien han sido catalogados como “emergencias” por parte de la empresa responsable, podrían seguir ocurriendo –según indican los expertos- debido al cambio climático y la situación en que están las princopales cuencas que nos abastecen.