Siguen los coletazos de la crisis en la Universidad del Mar. Este miércoles la Segunda Sala de Corte de Apelaciones de Santiago, rebajó unánimemente la medida cautelar de prisión preventiva al ex rector de la Universidad del Mar, e imputado desde noviembre de 2012 por los delitos de cohecho, soborno y pagos irregulares al ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Eugenio Díaz.

De esta manera, Héctor Zúñiga quedará con arresto domiciliario total, medida que en diciembre pasado consiguió el otro imputado en el Caso Lucro, y ex rector de la Universidad Pedro de Valdivia, Ángel Maulén.

El fiscal a cargo del caso, Pablo Norambuena, discrepó de la medida adoptada por la Corte de Apelaciones, por cuanto sostuvo que “el imputado habría cometido nuevas irregularidades, las que dicen relación con la infracción a la Ley de Bancos además de Delitos Informáticos.

Al respecto, el fiscal explicó que “son antecedentes que se han ido arribando a la carpeta investigativa y que dan cuenta efectivamente,  tal como lo indicamos en la audiencia, que hay un correo electrónico que se remite con el objeto que se embarguen bienes y se da cuenta de la información de una cuenta corriente a la cual el imputado no tiene derecho a  acceder, en nuestro concepto. Nos parece que es un comportamiento que no corresponde a una persona que está siendo investigada,  y que efectivamente afecta seriamente su arraigo. Así  lo considero el Tribunal de Garantía. Ahora se determinó una cautelar distinta y es la Corte la que tenía que resolver en base a los antecedentes”.

Cabe recordar que fue la propia fiscalía la que, en otra oportunidad, entregó antecedentes que acusaban a Zúñiga de haber vendido un terreno en Punta Arenas, perteneciente a la sede empresa educativa.

En esa línea, el abogado representante del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Rodrigo Reyes, recalcó que el fisco pretende recuperar por parte de la universidad  más de cuatro mil millones de pesos, provenientes de fondos públicos.

En relación a lo anterior,  el abogado señaló: “en general el señor Zúñiga ha tenido una actitud permanente en esta causa, de ocultar o disimular tanto el origen de los dineros  como el destino de los mismos. Y por eso es que hemos venido sosteniendo siempre que su libertad  constituía un peligro para la sociedad y existía un real peligro de fuga. Nosotros estimamos que los perjuicios vienen dados por el CAE. En el caso de la Universidad de Mar, ascendían a más de 4 mil millones de pesos”.

Pese a que la Fiscalía y el CNE consideraron que Héctor Zúñiga representaba un peligro para la sociedad, la segunda sala no consideró lo mismo. Es por esto que el abogado de Zúñiga valoró la medida y señaló que las nuevas acusaciones de su cliente deberán ser investigadas.

Tal como debiera ser investigado el titular del Mineduc, Harald Beyer, según el ex Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación, Patricio Basso, quien mediante un comunicado, emplazó al ministro de Educación, por cuanto la autoridad ha recalcado en  diversas ocasiones que contaba con antecedentes de lucro en la casa de estudios, sin embargo no los presentó ante el Ministerio Público.

Al respecto, Basso señaló que  “al reconocer que tenía información específica, él está faltando gravemente al estatuto administrativo, que obliga a todos los funcionarios públicos a informar esta situación al Ministerio Público, cosa que el ministro no ha hecho. Es evidente que no es necesario que el señor Beyer tenga las pruebas concretas, para poder denunciar un delito, no es necesario encontrar a una persona con un arma en la mano.  Si hay presunciones de que hay un delito bastaría con hacer  la denuncia. De modo que, lo único que cabe ahora, es que a lo menos diez diputados puedan empezar un proceso de acusación constitucional”

La Acusación Constitucional propuesta por Patricio Basso, cuenta con el respaldo del informe entregado por la Comisión Nacional de Acreditación,  y con el artículo 52° de la constitución, el que faculta a los parlamentarios a iniciar dicho proceso. La investigación del denominado Caso Lucro deberá seguir con su curso, a la cual eventualmente podría sumar el ministro Beyer por contundentes pruebas que hablan de su trasgresión al Estatuto Administrativo, responsabilidad ineludible de los funcionarios públicos, y sobre todo, de los ministros de Estado.