A fines de enero la quinta sala de la Corte de Apelaciones determinó que parte del contrato entre Aguas Andinas y AES Gener era de interés público y debía ser revelado, lo que se debería produciría este mes de marzo.

El convenio, suscrito en junio de 2011, permitiría a la eléctrica acceder a los derechos de agua de las lagunas Negra y Lo Encañado, que alimentan a la cuenca del río Maipo y, en consecuencia, abastecen de agua potable a gran parte de la región Metropolitana.

Organizaciones opositoras intentaron acceder al contenido del documento y la Superintendencia de Servicios Sanitarios se negó a revelarlo. El caso llegó al Consejo para la Transparencia y luego escaló hasta la Corte de Apelaciones.

Se espera que se revelen principalmente tres cláusulas relacionadas con los términos económicos del acuerdo y cómo se entregará el agua a la iniciativa energética.

Marcela Mella, vocera de la Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo, valoró la entrega de esta información: “Lo que más nos interesaba era saber cuántos metros cúbicos de agua hay comprometidos, que son recursos para agua potable y Aguas Andinas pretendía poner a disposición de las centrales Alto Maipo. Esos datos nos interesan para llevar este contrato a tribunales e impugnarlo, dejarlo sin efecto. Ese es el objetivo de que el contrato se haga público”, dijo.

La dirigenta sostuvo que dejar si el contrato queda sin efecto sería un duro golpe para Alto Maipo, un proyecto que ya ha debido a enfrentar un incremento importante en sus costos: “Ellos saben que requieren de esa agua para sus centrales, si es que las llegaran a construir. El agua que Aguas Andinas había comprometido con ellos tiene una importancia, en términos económicos, de 45 millones de dólares al mes. Si AES Gener se queda sin estos recursos, el proyecto se encarecería aun más de lo que ya está y tendría el mismo costo que tienen algunas de sus centrales termoeléctricas. Por lo tanto, definitivamente deja de ser una inversión atractiva para cualquier consorcio al que le interese el negocio de la generación eléctrica”, aseguró.

Por su parte, el abogado Rodrigo Weissner, que representa a las organizaciones opositoras y a siete senadores que también acudieron al Consejo para la Transparencia por el caso, recalcó que la cesión de estos derechos no solo tendría impacto en el abastecimiento de agua para la región Metropolitana.

“Lo segundo es que tiene importancia desde el punto de vista de la tarifa. Todos los usuarios de Aguas Andinas pagamos una tarifa todos los meses en nuestras cuentas y un componente que pagamos son las rentas por los derechos de agua de las lagunas Negra y Lo Encañado. Si esta empresa va a recibir nuevamente un ingreso producto de este convenio, la regulación del sector sanitario establece que no puede haber una doble renta. Por lo tanto, eso se tendría que descontar de la tarifa”, explicó.

La Corte de Apelaciones debe oficiar al Consejo para la Transparencia y éste, a su vez, comunicarse con la Superintendencia de Servicios Sanitarios para que dé a conocer el acuerdo, lo que ocurriría en la segunda mitad de marzo.