Ocho de cada diez personas pobres de Santiago calificaron de “mala” o “muy mala” la calidad y acceso a la justicia chilena, exigiendo mejoras fundacionales al sistema, como por ejemplo, la entrega de un abogado pagado por el Estado para las víctimas, postura que comparte el 79,8 por ciento de los encuestados.

El grupo objetivo fue electo aleatoriamente, reúne a 414 ciudadanos de las comunas de Conchalí, La Pintana, Lo Espejo y San Ramón, y utilizó una línea de pobreza cifrada en 167 mil pesos por persona.

Marcelo Yáñez, académico e investigador de la Escuela de Administración y Economía de la Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH), recalcó la falta de confianza que existe entre la ciudadanía y el sistema judicial.

Yáñez indicó que el 78,6 por ciento de los encuestados sostiene que existe poco aporte estatal para que los pobres obtengan más justicia; un 65,2 cree que las personas con más recursos tienen un mayor acceso, y 57 puntos porcentuales del universo consultado aseguran que la justicia bien aplicada previene actos delictuales en el futuro.

Según el investigador, la percepción es más bien confiable, ya que radica en la experiencia personal del encuestado: “La gran dificultad tiene que ver con la experiencia. Cuando la gente tiene experiencia y no obtiene justicia de calidad, eso implica que sea oportuna e imparcial, pero no ha mejorado esa situación. Hay una brecha entre lo que la gente espera y las políticas públicas contemplan. En eso incluyo las leyes, que  esperan sean más drásticas, y que los tribunales apliquen dichas leyes”.

Asimismo, Marcelo Yáñez afirmó que “existe un problema estructural en la forma con que el Estado informa de los procesos y modificaciones a la población”, lo que está respaldado por 74,1 por ciento de desconocimiento, sólo respecto de las políticas del último año.

Acerca los cambios radicales al sistema, un 54,5 por ciento de los encuestados declaró haber escuchado sobre la Reforma Procesal Penal, sin embargo, de ese compendio, un 45,9 por ciento reconoce “no saber” de qué trata.

“Muchas veces se generan camapñas comunicacionales en medios masivos, pero cuyas características restringen la cantidad de contenido. Para acceder a la justicia penal, hay que tener información específica, y eso a la gente no le llega. No llega en el barrio, ni a la junta de vecinos, un problema estructural que el Estado no sabe dialogar con la ciudadanía. Se requiere que existan mecanismos por las que el Estado tenga formas de llegar a la gente de manera más continua”, declaró.

Francisca Quiroga, Analista Política del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, sostuvo que “actualmente la calidad de la información debiera apuntar a insertar a los ciudadanos más que tratarlos como meros espectadores, sobre todo en materia tan trascendentales como la justicia y sus derechos, una herramienta que no está siendo bien utilizada”, agregó.

Quiroga apuntó además que “el estudio representa lo que es el Chile de hoy, altamente desigual donde los sectores más pobres están segregados del sistema, sea en términos socioespacials como de acceso y participación. Los medios son actores fundamentales, median entre la sociedad y el Estado, el tema es la calidad de la información, y que el objetivo sea incorporación de todos los actores y no que sólo unos pocos tengan participación”.

El décimo informe “Percepción de la Población Pobre de Santiago sobre Justicia en Chile al año 2012 y visión evolutiva desde el año 2003”, además de calificar la calidad y acceso de parte de la sociedad a la justicia como “mala” y “muy mala”, reveló que existe un sentimiento de discriminación respecto del acceso a la justicia entre las clases sociales es de un 30 por ciento, y fijó una de las grandes limitantes; precisamente el no contar con abogados por parte del Estado.