Una vez más las aseguradoras privadas de salud pasaron al centro de la discusión, luego que este viernes se informara de los 80 mil millones de pesos que recaudaron en utilidades durante 2012. Esta cifra implica un aumento de casi 11 mil millones en relación a 2011 y, según indicaron desde la Asociación de Isapres, constituye un record que no se registraba en el sistema desde 1990.

Según explicó el presidente de la entidad, Hernán Doren, esta alza se explicaría por la afiliación de más de 100 mil nuevos cotizantes, que totalizan un universo de cerca de tres millones de clientes. Doren indicó que también influyó el aumento en las cotizaciones debido al incremento de los salarios de los afiliados.

Sin embargo, tanto los gremios asociados a la salud, así como parlamentarios advirtieron que el positivo escenario que mostraron estas compañías también va de la mano de alzas en los planes;  la integración vertical con las clínicas, que implica el aumento de los costos de las prestaciones y, por ende, en lo que pagan las personas; y en el tradicional reajuste, que se deberá conocer en las próximas semanas y que ya está siendo criticado por varios actores.

Y es que las alzas en las utilidades también han estado acompañadas por un incremento en un 138 por ciento de los recursos de protección presentados en contra de las aseguradoras en los primeros meses de este año, según las estadísticas del Poder Judicial.

En esa línea, el abogado defensor de algunos afiliados de Isapre, Pedro Barría, cuestionó la composición del mercado y la naturaleza de los reajustes, considerando que este rubro trabaja con “clientes cautivos”.

“No pueden operar las leyes del mercado porque los afiliados son cautivos. Personas enfermas o de edad no pueden andar buscando para cambiarse. Además de ser un mercado imperfecto es cerrado porque no permite otros actores, por lo tanto, los existentes establecen e imponen las condiciones que quieren”, indicó el jurista.

Y adelantándose a la controversia que podrían generar las modificaciones en el valor de los planes, la Superintendencia del ramo fijó en un 2,43 por ciento el denominado IPC de la Salud, que está contemplado en la reforma a la Ley de Isapres, que todavía está en el Senado.

Este indicador, en todo caso, no es vinculante, y según la presidenta de la Federación Nacional de Profesionales de la Salud (Fenpruss), Gabriela Farías, implica un doble costo, ya que los planes están calculados en U.F.

“El hecho de que se esté generando un IPC de la Salud es una nueva forma de permitir que las Isapres aumenten el lucro y las ganancias con respecto a los usuarios. Todos los planes están pactados en UF y se entiende que ésta debiera ser la que absorbiera cualquier modificación económica que tuviera un plan. El mismo Estado y la legislación fomenta que se generen más y más instrumentos que hacen que las personas pierdan plata y que las Isapres se sigan enriqueciendo”, afirmó la dirigente.

Gabriela Farías también cuestionó el Plan Garantizado de Salud que se está discutiendo en la ley porque, a su juicio, todas las prestaciones que no estén incluidas en este programa básico de atención serán cobradas de forma extraordinaria, lo que seguiría encareciendo los planes y subiendo las ganancias.

Por su parte, el senador integrante de la comisión de Salud, Guido Girardi, aseguró que el problema de fondo es la colusión tácita que operaría en este momento entre Isapres y clínicas que tienen los mismos dueños.

“Un IPC de la Salud es útil siempre y cuando las Isapres no sean dueñas de las clínicas, porque si no van a aumentar los precios de los exámenes, los hemogramas, los días camas, los pabellones y finalmente van a ganar aumentando los precios de todo y de los planes. Para que esto funcione, hay que terminar con la integración vertical que permite que los dueños de Isapres sean dueños de clínicas”, afirmó Girardi.

La regulación de la integración vertical vendría incluida en un proyecto presentado por senadores opositores de la comisión de salud, que será discutido en las próximas semanas junto a las reformas planteadas por el Gobierno.

La iniciativa legal del Ejecutivo fue aprobada por la comisión antes del receso parlamentario gracias a un acuerdo político para ingresar el IPC de la Salud y el Plan Garantizado y ahora tendrá que ser analizada en Sala para continuar con su tramitación.