Se sabía que los fiscales a cargo de la investigación no levantarían nuevos cargos contra las 8 personas inculpadas ni formalizarían a más autoridades políticas, civiles  o militares.

Lo nuevo de la re formalización, agendada para el 25 de este mes, es que se separará la investigación y se enviarán los antecedentes de los funcionarios de la Armada destinados a las capitanías de puerto de Juan Fernández, Pichilemu, Constitución y de la Segunda Zona Naval de Talcahuano a la Justicia Naval.

También se va a derivar la investigación por las posibles alteraciones de la bitácora del SHOA.

Uno de los abogados querellantes en este caso, Raúl Meza, se mostró conforme con la decisión de los fiscales Luis Tapia, Andrés Castellano y Solange Huerta y declaró que espera que el Ministerio Público “no se limite simplemente a entregar antecedentes a la justicia militar, sin hacerse parte de una denuncia formal.

“La única manera de obtener una sanción penal importante es la justicia militar. El cuasidelito que investiga la fiscal Huerta es una pena remitida, 61 días a 3 años. Ninguno de los imputados tiene antecedentes penales, todos en libertad. Si yo me voy a la justicia militar podemos obtener una pena de 5 años y un día por incumplimiento de deberes militares”, explicó el abogado querellante.

Otra de las aristas de la re formalización es la declaración de las denominadas “zonas de sacrificio”, aquellas donde las víctimas perecieron no por negligencia de las autoridades encargadas de dar la alerta, sino que por lo inmediato del arribo de la primera ola o por la carencia de medios de comunicación para informar de lo que venía.

Según informaron los persecutores, se excluirán a las víctimas de Santo Domingo, Pichilemu, Litueche, Pelluhue, Cañete, Tirúa, Lebu y de Caleta Tumbes, Puerto Inglés y La Cantera de Talcahuano.

De esta manera, Patricio Rosende, Carmen Fernández y los ex funcionarios de la Onemi Johaziel Jamett y Osvaldo Malfanti, además del sismólogo Carlos Aranda y tres integrantes de la Armada serán acusados por el cuasi delito de homicidio sólo de las personas fallecidas en Tomé, Juan Fernández, San Antonio, Cartagena, Constitución, Talcahuano y Arauco.

Una decisión que tiene varias implicancias para los familiares de las víctimas, quienes “no van a tener justicia”, según detalló el abogado Raúl Meza.

“No se va a imputar a nadie desde el punto de vista penal por las muertes de esas personas fallecidas en esos lugares. Y segundo, esas familias no van a tener reparación civil por parte del Estado chileno. Aquí todos fuimos testigos de la negligencia inexcusable de los funcionarios del SHOA y de la ONEMI y por lo tanto yo espero que el Ministerio Público reevalúe esa decisión”, manifestó.

En la arista penal, el también abogado querellante Alfredo Morgado, indicó que la exclusión de, al menos 25 personas, no tiene carácter de atenuante ni agravante para los imputados.

“El hecho de que disminuya en sí las muertes ocasionadas precisamente por las actuaciones poco diligentes o negligentes o temerarias de los funcionarios públicos, en definitiva no va a tener ninguna relación en la eventual penalidad que se les pudiere aplicar, porque se trata de un cuasi delito de homicidio con resultado de muerte”, expuso.

La re formalización de las 8 personas imputadas por la fallida alerta de maremoto no sólo tendrá acción de parte de la Fiscalía, sino que de varios abogados que anunciaron ofensivas judiciales.

Una querella por el delito de incumplimientos militares, la petición de un ministro en visita y la presentación de una acusación forzosa para dejar sin efecto la exclusión de fallecidos son algunas de ellas.