La discusión sobre el despacho de las modificaciones a la ley de donaciones culturales, que busca ampliar la base de donantes y aumentar el universo de beneficiarios, quedó pendiente en el Senado, debido a que no existió acuerdo en la indicación que deja fuera de este patrocinio a aquellas instituciones de educación privadas que son reconocidas por el Estado.

A juicio de algunos parlamentarios, los últimos antecedentes sobre irregularidades en las universidades privadas no permiten que se les siga entregando estos beneficios. Sin embargo, dicho rechazo afectaría a algunas casas de estudios pertenecientes al Consejo de Rectores.

“Yo estoy conforme con que no se le entregue eso a las universidades o los institutos, porque han devenido en instituciones representantes de grupos económicos o de grupos de financistas que en la práctica están haciendo un acto generoso con plata ajena”, expresó el senador DC Mariano Ruiz Esquide, para quien es necesario enviar esa indicación a comisión mixta para su modificación.

El parlamentario agregó que no se puede perjudicar a instituciones con tradición y vocación públicas. “Si hay universidades como la de Concepción o la Católica que tienen 50 o 60, 70 años y que no responden al modelo empresarial de un grupo que forma una universidad para demostrar el “bien público” que llaman ellos y que no es otra cosa que la manera de sacar un poco más de dinero del Estado con mano de gato, como se dice. Eso es a lo que yo me opongo”, aclaró.

Cabe precisar que la norma actual establece que serán beneficiarios de la ley de donaciones con fines culturales las universidades e institutos profesionales estatales y particulares reconocidos por el Estado; las bibliotecas abiertas al público en general; las corporaciones y fundaciones o entidades sin fines de lucro; las organizaciones comunitarias y los museos, entre otros.