Funcionarios de la Tesorería General de la República, apoyados por la ANEF, llegaron hasta la Corte de Apelaciones de Santiago para presentar un recurso de protección en contra de dicha repartición estatal acusando una presunta vulneración de garantías constitucionales a los derechos de salud de los funcionarios de la entidad fiscal.

Ello debido a la circular normativa 107, firmada por el tesorero general de la República, Sergio Frías Cervantes, donde le advierte a los funcionarios que el decreto con fuerza de ley 29, dictado el año 2004, lo faculta para considerar como salud incompatible con el cargo, el haber hecho uso de una licencia médica continua o discontinua por seis meses en un plazo de dos años.

El presidente nacional de la Asociación de Empleados de la Tesorería General de la República (AET), Cristián Arévalo, explicó que este documento afecta a más de tres mil funcionarios de Arica  a Punta Arenas, de planta y a contrata.

“Se arroja facultades más allá de la ley para determinar la gravedad de la enfermedad de un funcionario. Pero no solamente determina la gravedad por incompatibilidad, sino que bajo esa norma nueva permite determinar vacantes en la administración pública. Eso es grave porque el que define el tema de la salud y la gravedad de esto son los servicios competentes como la superintendencia de Salud. Creemos que esto está relacionado con la desvinculación de funcionarios”, afirmó el dirigente.

Por su parte, el presidente de la ANEF, Raúl de La Puente, afirmó que “no puede ser que una persona que sea jefe venga a evaluar, catalogar y calificar si una licencia hace mérito para declarar inhabilitante una labor”.