El tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la cautelar más gravosa al estimar que la libertad de los imputados «es un peligro para la seguridad de la sociedad». La investigación tendrá un plazo de 120 días.
Las isapres calificaron el escenario como un «abuso sistemático» y parlamentarios de distintos sectores lo tildaron de «escandaloso». «Dijimos que lo del sector público era la punta de un iceberg y teníamos razón», lamentó el senador Flores (DC).
Tras la presentación de este reporte, Contraloría notificará a las instituciones involucradas para que se inicien los procedimientos disciplinarios de rigor, y remitan las respectivas resoluciones a través del SIAD.
En un banderazo frente a La Moneda, dirigentes acusaron una «generalización mal intencionada» del caso licencias médicas y cuestionaron la regla de la «responsabilidad fiscal». Además, instaron a no continuar con la reducción presupuestaria.
La medida incluye la revocación de residencias, rechazo de solicitudes en trámite, prohibición de reingreso por tres años y procesos de expulsión ejecutados por la PDI.
La iniciativa contempla siete ejes y 27 medidas orientadas a garantizar el derecho a la salud de los trabajadores. La presidenta del gremio, Anamaría Arriagada, subrayó que buscan salir de esta crisis con un sistema más justo y eficiente.
Además, el parlamentario expresó su conformidad por la comparecencia de las Fuerzas Armadas a la CEI que indaga el caso de licencias médicas y relevó que el «principio de celeridad», por lo menos en este ámbito, se está practicando.
ANEF y Colegio Médico alertan que la modificación al Subsidio de Incapacidad Laboral recorta derechos conquistados por los trabajadores. Mientras, el senador Flores (DC) acusó al Ejecutivo de «confundir prioridades» y anticipó un «autogol político».
Luego de que la Contraloría develara que casi 3 mil uniformados viajaron al extranjero mientras estaban con licencia, la Fuerza Aérea de Chile conformó la Fiscalía Administrativa Permanente, la cual está “instruyendo las respectivas investigaciones».
La medida se basa en el informe CIC Nº14 de la Contraloría, que detectó que 2.982 funcionarios de FF.AA., Carabineros y Gendarmería salieron del país mientras tenían licencias médicas vigentes, estando afiliados a Capredena y Dipreca.
El dirigente gremial defiende la licencia médica como derecho social pero rechaza su abuso: «Condenamos a quienes hacen mal uso». Con décadas de trayectoria en la lucha gremial, critica la desatención histórica a la salud pública.
El titular del Interior aclaró que en el caso de los poderes independientes al Ejecutivo corresponde que asuman ellos, en el marco de sus competencias, las decisiones para hacer valer las responsabilidades en relación a esta materia.
La contralora general, Dorothy Pérez, explicó que las nuevas investigaciones están centradas en irregularidades derivadas de infracciones de tránsito, ingreso a parques nacionales o apuestas realizadas por trabajadores del Estado.
El 79% de las licencias fraudulentas fueron por diagnósticos por salud mental, sumando más de 192 mil días de reposo. Entre los médicos investigados, cinco ejercían en el sistema público sin tener el Eunacom aprobado
El presidente de la Comisión Especial Investigadora se refirió a los pasos a seguir por la instancia que se centrará en determinar donde falló el sistema en este caso. Apuntó a una necesidad de implementar más tecnología.
La funcionaria dejó el puesto en medio de fuertes críticas por su manejo del escándalo de licencias médicas fraudulentas. La fiscal del organismo, Patricia Soto Altamirano, asumió la subrogancia legal del cargo.
El órgano contralor detectó 29 casos de viajes fuera del país de funcionarios de dicho municipio mientras estaban con permiso para reposo. «Estaré en plena disposición de colaborar y responder a lo que se me requiera», respondió el exedil.
