El ex fiscal y ex jefe de la división de estudios del ministerio del Interior, Alejandro Peña, prestó declaraciones en la comisión investigadora sobre el Plan Frontera Norte de la Cámara de Diputados, que revisa el llamado Caso Sobreprecios.

En la sesión, Peña, al igual que el ministro de Defensa y ex titular del Interior, Rodrigo Hinzpeter, apuntó a Rodrigo Ubilla como responsable político de las irregularidades del caso.

El presidente de la comisión, el DC Matías Walker, enfatizó que la sesión fue clave, ya que el ex fiscal dejó claro que Felipe Baeza, Jefe de Proyectos de la división, no tenía atribuciones para autorizar la compra de equipos.

“Peña ha rectificado que el subsecretario Rodrigo Ubilla fue quien tomó la determinación final respecto de los precios a pagar por los fibroscopios, los decímetros que han sido objeto de cuestión por parte del propio Ministerio del Interior, al presentar una querella por los delitos de fraude al Fisco, violación de secreto y cohecho, lo que ha motivado también una querella por parte del departamento penal del Consejo de Defensa del Estado”, detalló.

Por su parte, otro diputado integrante de la comisión, el PPD Enrique Accorsi, dijo que estos antecedentes obligan a investigar con mayor profundidad a la empresa que se adjudicó la licitación, Tecnodata.

“Esta es una empresa que se paseaba por las dependencias de este Gobierno y del anterior vendiendo productos de diverso tipo. Nosotros hemos advertido al Ministerio del Interior para que tome recaudos, porque este proceso en que se ponen sobreprecios a una serie de artículos pudiera estar presente también en otros ministerios”, denunció.

Accorsi agregó que para la comisión será de vital importancia el testimonio de Felipe Baeza, el que podría recibirse el primer martes de abril, luego de la semana distrital. Según el diputado, hay declaraciones que deben ser contrastadas, sobre todo entre el jefe de proyectos y el subsecretario Ubilla.

Cabe recordar que Ubilla ha defendido su gestión ante la instancia investigadora, asegurando que denunció el hecho al enterarse de las irregularidades, entregando los antecedentes a Contraloría, al Consejo de Defensa del Estado y comenzando sumarios administrativos.