Después de realizar varios viajes a la capital, gestiones con autoridades y parlamentarios de distintos sectores políticos y con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, las organizaciones sociales de Punta Arenas lograron que el Ministerio de Bienes Nacionales suspendiera el proceso de licitación que pretendía entregar a entidades privadas la casa de memoria de la ciudad.

Francisco Alarcón, presidente de  la Unión Comunal de Derechos Humanos, se mostró muy agradecido con el contundente apoyo social que concitó la solicitud, pero indicó que el gobierno gestionó esta licitación de forma muy irregular.

“Tuvimos conocimiento por la prensa, no por la autoridad, de que nuestra casa de Derechos Humanos, centro principal de tortura y detención en los tiempos de dictadura, iba a ser licitado. Eso nos molestó mucho, nos movilizamos, conversamos con todo el mundo y finalmente el Gobierno tuvo que dar pie atrás con esta medida, sin reconocer que fue resultado de nuestra movilización”, detalló.

En las reuniones sostenidas en la capital, el dirigente apuntó a la necesidad de que el Estado retire todas licitaciones que existen en otras partes de la región, como en puerto Montt, donde se vive una situación similar. En ese sentido, hizo un llamado a realizar un catastro nacional de los centros de detención y tortura, para que se les otorgue la calidad de Patrimonio Nacional.

Con este caso se reinstaló el debate sobre la conservación patrimonial de este tipo de espacios. Al respecto, Luis Alegría, Coordinador del Área de Educación y Redes de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, afirmó que existen “una serie de problemas estructurales”.

“Ese sitio, por sus características y condiciones, debiera ser declarado monumento nacional y no lo ha sido a la fecha. Segundo elemento, hay organizaciones de derechos humanos y organizaciones de memoria que están trabajando y lamentablemente no han logrado institucionalizar ese trabajo y eso tiene mucha relevancia porque significa darle sustentabilidad en el tiempo”, explicó.

Alegría añadió que hay un tema grave con los recursos, ya que no existe una política sobre los sitios de memoria y no se le puede dar sustentabilidad al trabajo que en ellos se realiza. “No hay un órgano que esté trabajando esto y el programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior sólo cuenta con recursos para la mantención de los memoriales, no para estos centros”, afirmó.

A esto se refirió María José Pérez, Directora Ejecutiva de Londres 38, un espacio recuperado por organizaciones sociales a través de una mesa con el Estado, pero después de un proceso de movilización ciudadana. Para la especialista recién se está desarrollando una línea de política pública en conservación patrimonial, pero esto es algo nuevo y, lamentablemente, aún es insuficiente.

“Vemos con algo de optimismo la creación de institucionalidad respecto al tema pero además creemos que es importante la existencia de una glose para el financiamiento de patrimonio, que está en la Ley de Presupuesto y que permite que nosotros no tengamos que estar interlocutando con distintas instituciones para conseguir mantener estos edificios”, expresó.

Por esto, las organizaciones apuntaron a la necesidad de que el Estado fortalezca su rol e injerencia en esta materia, para poder proteger otros sitios que necesitan apoyo en diversas ciudades del país como Puerto Montt, Valdivia, Concepción con El Morro en Talcahuano o  la ex Clínica Santa Lucía en Santiago.