Extrañeza causaron las declaraciones del alcalde de Aysén, Óscar Catalán (UDI), que se manifestó molesto porque al solicitarle un apoyo monetario a los ejecutivos del proyecto Hidroaysén para su campaña, éstos le ofrecieron 3 millones de pesos, cifra que consideró como “una falta de respeto” y “una miseria”.

“Con esa limosna que pretendían dar se retrataron completamente, como personas que no tienen ninguna sintonía con lo que está pasando en la región”, dijo el edil que además reconoció que solicitó recursos a Energía Austral, que también desarrolla proyectos en la región, pero que desde esta compañía se negaron.

El senador por la zona, Antonio Horvath (RN), mostró su extrañeza por el hecho e incluso manifestó que el alcalde podría haber dado estas declaraciones en un tono irónico, cuestión que –a su juicio – el mismo Catalán debería aclarar.

Sin embargo, el legislador reconoció que el proyecto de las empresas Colbún y Endesa, ofrece recursos y ayudas a todas las comunidades como una fórmula para lograr un respaldo a la iniciativa.

“Mientras exista una oposición clara ciudadana en la región de Aysén contra este proyecto, que además está muy fundamentada porque hace un daño irreversible a la zona, estas acciones de la empresa no logran el objetivo que ellos pretenden. Pero ahí existe un área gris en nuestra legislación que debe ser totalmente transparentada. Las empresas no pueden estar convenciendo a las personas a través de dádivas”, manifestó el parlamentario.

Convencido de las intenciones del alcalde se mostró el presidente de la Corporación de Desarrollo de Aysén, Patricio Segura, quien indicó que si el edil hubiese aceptado la cifra, la situación entra en un espacio “poco legítimo”, ya que todavía quedan etapas en el proyecto y faltan pronunciamientos de parte de distintas autoridades.

“Que una empresa como Hidroaysén sea acusada de esto es algo que consideramos grave y que, en el fondo, daría pie para que se auditen los financiamientos. Aquí está hablando un alcalde que funciona como testigo, entonces ya no es un rumor. Es una denuncia concreta y clara”, afirmó.

Segura dijo que esto es particularmente preocupante por el año electoral que produce.

Por su parte, la académica del Instituto de Asuntos Públicos de la U. de Chile, María Cristina Escudero, dijo que esta situación podría afectar la independencia que públicamente deben mostrar las autoridades.

“La gente al final tiene muchas sospechas respecto de por qué autoridades que ocupan distintos cargos apoyan los proyectos que apoyan, si es que están beneficiando los intereses particulares o legislando a favor de todos los chilenos. Si es que le hubiesen ofrecido tres millones o cien millones de pesos, esa autoridad pierde independencia frente a las decisiones que va a tomar”, sentenció la analista.

María Cristina Escudero coincidió con Horvath en el concepto de la “zona gris”, ya que no se trataría de una ilegalidad, ni tampoco se trataría de un caso de cohecho, sino más bien de un conflicto de interés.