Luego de siete años de negociaciones y pese a la negativa de Corea del Norte, Siria e Irán, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la tarde de ayer el primer tratado internacional sobre comercio de armas, con 154 votos a favor, 3 en contra y 23 abstenciones.

A partir de su futura puesta en práctica, los países no podrán vender armamento a naciones en las cuales se violen derechos humanos o humanitarios, impidiendo que armas convencionales sean usadas en ataques contra población civil. El tratado abarca desde armas ligeras hasta tanques, aviones de combate, vehículos blindados, sistemas de artillería, helicópteros de ataque, barcos de guerra, misiles y lanzamisiles.

Junto al tráfico de drogas y la trata de personas, el comercio de armas es uno de los negocios más lucrativos del mundo, cuyas ganancias superan los 100 millones de dólares anuales. Así lo explica la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Ana Piquer, quien destaca que esta resolución “antepone a las personas y sus derechos humanos” a aquellas magnánimas cifras de dinero, lo cual es “sumamente importante”.

Para Ana Piquer, “los países productores de armas son los primeros que van a tener que hacer frente a esa responsabilidad de evaluar adecuadamente el riesgo de mal uso de las armas que están transfiriendo”. En ese sentido, el rol de Estados Unidos ha despertado las primeras suspicacias, debido a que la normativa aprobada le dejaría demasiados espacios de libertad.

La ausencia de regulación sobre municiones y el nulo control sobre transferencias de armas a grupos rebeldes son otras de las principales críticas al documento, las que habrían sido algunas de las causas por las que países como India y Rusia optaron por la abstención.

Pese a ello, la socióloga y académica de la Universidad de Santiago, Lucía Dammert, expresa que la importancia de la nueva legislación internacional es que “pone al tema de los derechos humanos y la utilización de las armas como un punto principal, lo que es un avance significativo”, a pesar de que, por sí solo, “obviamente no va a resolver el problema del mercado legal e ilegal de armas en el mundo”.

Lucía Dammert destaca el papel impulsor de la aprobación de este tratado que jugaron países de América Latina, particularmente Costa Rica, México y Brasil, atendiendo a que en la región hay presente una enorme cantidad de armas ligeras y pequeñas.  Y si bien en nuestro país no existen grandes conflictos armados “y por ende no hay ningún tipo de resquemor a la hora de vender armas a Chile de que ellas vayan a ser utilizadas para violaciones a los derechos humanos”, la especialista expresa que la aprobación de este tratado también afecta a nuestra población, pues “mientras más limitadas estén las armas de caer en manos que pueden utilizarlas para el comercio ilegal o para el tráfico, mucho más seguros estamos todos”.

El texto ya fue dispuesto a los países para su firma y ratificación, para que voluntariamente cada nación decida si adherirá o no a la normativa. El tratado entrará en vigencia una vez que 50 estados lo hayan ratificado, lo que podría suceder de aquí a los próximos dos años.