Justo cuando en Europa ha explotado el escándalo de las “Off Shore Leaks” que revelaron millones de transacciones destinadas a eludir el pago de impuestos en “paraísos fiscales” por parte de unos 130 mil millonarios de 170 naciones, los presidentes de los parlamentos de los países del G-20 analizaban, en Ciudad de México, el lavado de activos y la lucha contra la corrupción.

El G-20 agrupa a las 20 economías más importantes del mundo: Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, China, EE.UU., Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea.

Los parlamentarios concluyeron que “la corrupción financiera es la causa principal de la crisis económica mundial iniciada en 2008” y acordaron acercamientos con los gobiernos del bloque para impulsar en cada uno, una “regulación financiera estricta, prudencial y global”, según dijo el presidente del Senado mexicano, Ernesto Cordero, al presentar las conclusiones de los trabajos del foro que concluyó la semana pasada. Al encuentro asistieron 21 jefes de delegaciones, además de invitados de Chile, Colombia, España y la Unión Interparlamentaria.

Siendo temas centrales el sistema financiero y el combate a la corrupción, en la reunión también se analizaron las perspectivas de la recuperación económica y el empleo; la seguridad alimentaria, estabilidad del precio de los alimentos y materias primas; y los pasos para elaborar una legislación común sobre el cambio climático, protección de los recursos naturales y el agua.

Los parlamentarios coincidieron en que el lavado de dinero es un delito sin fronteras que se fortalece con la interconexión financiera y el flujo global de capitales. Buena parte de éstos recursos provienen del tráfico de drogas -cuya mayor demanda radica justamente en países del G-20- aunque otras actividades como el tráfico ilegal de armas, evasión fiscal o sobornos, también nutren las operaciones que usan el desregulado sistema financiero con tal propósito.

Hasta ahora, la estrategia mundial ha sido combatir las drogas vía represión de la oferta, instalada en algunos países de la región. Pero, tras varias décadas de fracasos, han surgido propuestas apuntadas a “sincerar” este comercio, legalizándolo, de manera de transparentar sus reales niveles de producción, calidad y canales de distribución. Quienes creen en la propuesta, aseguran que legalizar la droga con ciertas restricciones (como el tabaco y alcohol) reduciría sus precios, haciendo menos atractivo el negocio para bandas delictivas organizadas; permitiría mejor control y fiscalización gracias a los propios recursos tributarios que generaría la “industria”, los que podrían usarse, además, en una más eficaz lucha preventiva contra el consumo. Sin embargo, hasta ahora pocas naciones han implementado propuestas para contener la demanda.

Considerando que el tráfico de drogas alcanza a unos US$ 800 mil millones anuales, según cálculos de ONU, su solo volumen y cuantiosas utilidades sin impuestos, constituyen una fuente de enorme poder corruptor que ha debilitado la institucional de varios Estados, poniéndolos al borde de catástrofes sociales. Por lo demás, como se deduce de las declaraciones del encuentro, con tales dimensiones el negocio ha tenido la capacidad de penetrar el sistema financiero mundial, el que, en busca de ganancia fácil, ha terminado por destruir las confianzas en un sistema crucial para el buen funcionamiento de la economía.

Los Gobiernos, tienen pues, ahora, con el apoyo de sus parlamentos, la oportunidad de legislar aprovechando la presente fase de amplio reordenamiento de la estructura de la banca internacional para ajustar cuentas con estos millonarios recursos que circulan ilegalmente por el sistema, matando así dos pájaros de un tiro: el narcotráfico y la corrupción que induce, y la evasión, elusión y las desigualdades que genera.