Rodrigo Jiménez, vicepresidente Regional de Asuntos Corporativos  de Barrick Gold, Robert Mayne-Nicholls, quien se desempeñaba como Director General de Operaciones y Guillermo Calo, presidente regional dejaron la compañía. Con esto, la transnacional comienza un proceso de reformulación para retomar su construcción, que –recordemos- hoy está paralizada en el lado chileno.

Al cierre del comunicado, la firma canadiense afirmó que está actualizando sus estudios de ingeniería, elaborando planes de cumplimiento y se apronta a nombrar un nuevo equipo gerencial. Además, reafirmó su compromiso de asegurar que Pascua-Lama cumplirá con “todos los requerimientos ambientales y regulatorios establecidos en la aprobación ambiental del proyecto”.

El abogado Álex Quevedo, uno de los representantes de las comunidades Diaguitas que lograron detener la iniciativa, afirmó que les es indiferente las decisiones comerciales que adopte la compañía y que continuarán con las acciones judiciales.

En este sentido, el jurista explicó que “lo que tiene que hacer Barrick es cumplir la ley, nada más. La investigación sigue su curso,  y están ahí los antecedentes de las irregularidades que cometió Barrick. Por esto, la empresa debe cumplir la ley sobre todo en los temas relacionados con la protección del Medio Ambiente. Ese daño tendrá que ser reparado, pero lo más importante es evitar que vuelva a ocurrir este tipo de incidentes y mejorar la relación con la comunidad”.

Otro de los abogados a cargo de la acción, Lorenzo Soto, afirmó que además la empresa debe hacerse cargo del daño ya generado, por ejemplo a los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza, la contaminación de las aguas y la polución que ha traído el proyecto minero.

Por esto, indicó que “no basta cumplir con la ley, también hay que ver los efectos y las consecuencias que ya se generaron fruto de los incumplimientos, sobre lo cual obviamente se requiere hacerse responsable y eso es en relación a lo que ha ocurrido de aquí hacia atrás. De aquí hacia adelante habrá que ver si existen garantías para que el proyecto siga y la compañia tendrá que otorgar dichas garantías”.

Por otro lado, el tribunal ambiental fijó para el miércoles 8 de mayo los alegatos para la apelación de Barrick contra la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), por los cargos que el organismo formuló por  incumplimientos de normas de su resolución de Calificación Ambiental. Esto, es un proceso tardío, indicó Javier Karmy, autor del libro “Pascua Lama: Conflicto armado a nuestras espaldas”, para quien todas las sanciones debieron haberse realizado mucho antes.

En esa perspectiva, el ambientalista detalló que “se deberían haber hecho las investigado el 2001 y luego en los años 2006, 2007, 2008. Ha habido muertes y denuncias de que el río está seco. Además, en el año 2011 una sanción ambiental se demoró 10 meses en concretarse y con esto se ve lo frágil que es la institucionalidad ambiental, la fragilidad de las instituciones, que aunque dicen que funcionan, no están funcionando”.

Este cuestionamiento a la institucionalidad pone los ojos sobre este procedimiento, el primer caso que revisará el segundo Tribunal Ambiental, con sede en Santiago, por lo que su dictamen marcará un importante precedente en la justicia ambiental.