Eran tres causas presentadas de forma independiente: El “caso de los lonkos”, los abusos en el caso “Poluco Pidenco” y en la detención del dirigente Víctor Ancalaf, que se unieron en un sólo proceso llamado “Norín Catrimán y otros” que fue elevado a la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  el 7 de agosto de 2011.

Se trata del procesamiento a siete líderes mapuche entre los que destacan los loncos Aniceto Nortín y el fallecido Pascual Pichún, además de la dirigenta Patricia Troncoso, conocida como “La Chepa”, quienes fueron condenados en juicios que, según sostiene la defensa, estuvieron marcados por irregularidades.

Radio Universidad de Chile conversó con el lonko de la comunidad de Didaico,  Aniceto Norín, quien se refirió a sus expectativas en este juicio: “Si nosotros lo consideramos injusto tiene que ser condenado el Estado porque sin haber tenido pruebas hicieron tanta maravilla, tanta cosa con nosotros y después de haber ganado el juicio, después se anula y lo condenaron políticamente. Que el Estado se haga responsable de los hechos. Nosotros estuvimos cinco años bajo la sombra, esa es una pérdida de tiempo y nunca más se recupera. Con esto el Estado va a tener que reconocer y dar respuesta a las demandas históricas del pueblo mapuche”.

El dirigente señaló que el encarcelamiento trae otras consecuencias, como el abandono del hogar y tiene impacto en los niños. Esto, afirma, sigue ocurriendo día a día en las denominadas “zonas de conflicto” y se sigue aplicando la Ley Antiterrorista pese a que ha sido sumamente cuestionada por diversos organismos.

Por lo mismo, la abogada particular del comunero, Ylenia Hartog, afirmó que espera que este proceso internacional logre develar que lo ocurrido en estas tres causas, va mucho más allá de estos casos concretos y atraviesa la forma en la que el Estado chileno está enfrentando los conflictos con sus pueblos originarios.

En este sentido, la jurista señaló que “poder hacer presente que no sólo son violaciones, vulneraciones a la Convención Interamericana que dicen relación con derecho al debido proceso en Chile, sino que existe un patrón común que no sólo identifica a los casos, a los que ahora me he referido, sino que también identifica a todos los casos que se han ido dando desde entonces hasta la fecha, todos sucedidos a una problemática de derechos de tierra”.

La abogada advirtió que el Estado se defenderá con lo que han sido sus argumentos en este tipo de procesos: Que la normativa nacional les permite utilizar la Ley Antiterrorista, por lo que  los juristas deberán probar que estos son verdaderos juicios políticos y que su trasfondo no pasa por la criminalidad, sino por una protesta de corte social.

Hernando Silva,  abogado del Observatorio Ciudadano, afirmó que este juicio tiene una trascendencia bastante particular y que, en caso de establecerse una condena al Estado, se sentaría un hito jurídico.

Por esto, el abogado especialista en temas ligados a los pueblos originarios indicó que  “tiene una implicancia no menor respecto de los procesos que se están llevando actualmente en los cuales se está imputando a personas mapuche por delitos terroristas, dado que la Corte interamericana estaría resolviendo en el fondo respecto a la situación de vulneración de derechos humanos que implica la aplicación de la Ley Antiterrorista, sería un precedente vinculante para el Estado de Chile respecto de la aplicación de esta ley”.

Durante estos dos días de audiencia, la Corte escuchará la declaración de dos presuntas víctimas y dos testigos, además del dictamen de tres peritos propuestos por las partes. Recordemos que en este juicio el Estado chileno podría ser sancionado por violación al debido proceso y discriminación étnica.