En segundo trámite está la iniciativa, que fue revisada en sala y en doble sesión por la Cámara Alta esta semana, para ser aprobada en general.  Sin embargo, la aprobación en particular quedó pendiente para junio, para zanjar dos  temas que generaron controversia.

Se trata de la normativa laboral, respecto del pago de los derechos de autor a los trabajadores y a la renovación de las concesiones, es decir, si quienes hoy tienen permisos para operar serán priorizados o no a la hora de hacer el traspaso de tecnología.

Respecto de este asunto, la senadora del Partido Socialista Isabel Allende, explicó que “la Bancada Socialista tenía preocupación por lo que se llama una renovación preferente, queríamos más claridad en el sentido de qué se entiende por una renovación preferente de la concesión y por otro lado, dentro del correcto funcionamiento de las estaciones de televisión, para nosotros obviamente incluye también la normativa laboral en el sentido que hay inquietud con respecto a que algunas estaciones de televisión no cumplen a cabalidad los contratos o hay contratos simulados o no s eles paga debidamente todos sus derechos”.

Esta visión es mayoritariamente rechazada por los legisladores de la Coalición por el Cambio, quienes señalan que se debe simplificar la iniciativa para su pronta aprobación, más aún cuando, reconocen, la ley ya viene con atraso respecto de las nuevas formas de tecnología y se corre el peligro de que este cuerpo quede obsoleto.

En este sentido, se manifestó el senador UDI, Hernán Larraín, al afirmar que “se ha hecho mucha cuestión de cosas que no son realmente relevantes, cuando se habla de la necesidad del derecho preferente, se haga ejercicio de él una vez que se cumnpla una cantidad de cosas, entre las cuales, se incluyen las normas laborales, no pereciera ser lo más razonable porque subentiende siempre que el correcto funcionamiento de una institución es con el cumplimiento no sólo de las normas laborales”.

Dentro de las indicaciones que se rechazaron están las que aseguran el espectro para los pueblos indígenas y los medios comunitarios, con lo que no se estaría siguiendo lo planteado por el relator especial de Libertad de Expresión de la ONU, quien sostiene que el espectro debe dividirse en tres tercios, uno de proyectos sin fines de lucro, otro de negocios y otro a iniciativas de carácter estatal.

Por estas razones, las organizaciones especializadas en la materia hacen un mal balance. Chiara Sáez, de la Mesa de Comunicación Digital y académica del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, se refirió al respecto: “Si bien se lograron introducir una serie de indicaciones en el debate, esas indicaciones que de alguna manera abrían la discusión a plantearse realmente pensar la televisión de otra manera, desde una perspectiva de interés público, orientada a la diversidad, el pluralismo, respeto al derecho a la comunicación”.

La académica de nuestra casa de estudios agregó que “ahora en el momento de las votaciones vemos que se convierten en imposibles, porque va primando una lógica muy conservadora, en el sentido de prácticamente no cambiar nada”.

La razón de esto, afirma la profesora, es que, esta es una normativa de rango orgánico constitucional exige acuerdos y, por ello, se transan temas que son relevantes, con la finalidad de aprobar pronto la ley que habilita la televisión digital en nuestro país. No obstante, advirtió que este proceso de negociación es “inconveniente” porque está dejando pasar la oportunidad de diseñar una nueva televisión acorde a nuestros tiempos.