Un informe de Contraloría reveló que del total de exonerados políticos en Chile, hay 3 mil casos que serían falsos. La investigación revisó 9.145 expedientes, equivalentes al 12,29% del total de beneficiarios de pensiones por exoneración otorgadas al 31 de diciembre de 2011.

Así se determinó que habría tres mil casos de error en las asignaciones, ya sea por el no registro de imposiciones en el sistema antiguo, por el registro de las mismas en una fecha anterior, posterior o discontinua a la exoneración, porque el empleador no corresponde al señalado, porque fueron emitidos por parlamentarios que no coinciden entre sí, o porque los expedientes no consignan el relato político de la exoneración, entre otras razones que no califican como exoneración política.

Cabe señalar que algunos de estos expedientes llevan la firma y autorización del ex presidente del Partido Socialista, Ricardo Núñez, los senadores Isabel Allende y Camilo Escalona y el ex senador Jaime Gazmuri.

Ricardo Núñez asumió su responsabilidad en el caso, aduciendo que fueron “engañados” por falsos exonerados políticos. Gazmuri, en tanto, aclara que de los tres mil casos solo uno fue autorizado por él y, a su juicio, el error que se le imputa sería de Contraloría.

La diputada RN Karla Rubilar señaló haber denunciado esta situación el año 2008. “¿Qué nos dijo entonces el gobierno de la hoy día ex Presidenta Bachelet? Que no había un solo exonerado falso. Tuvo que llegar el gobierno del Presidente Piñera para iniciar una investigación como correspondía y hoy, cinco años después de la primera denuncia, nos encontramos con un informe categórico de la Contraloría”, acusó.

El año 2011 se aprobó en la Cámara de Diputados una Comisión Investigadora sobre este tema, la que confirmó la existencia de irregularidades, aunque sin precisar su cantidad. Esa es la diferencia con el informe de Contraloría que desglosa cada uno de los casos.

El jefe de bancada de Renovación Nacional, Pedro Browne, calificó esta situación como “completamente inaceptable”. “Nosotros lo vamos a condenar y queremos que aquí se investigue a fondo, porque situaciones como esta en Chile no pueden volver a ocurrir y si ocurrieron se tienen que determinar las responsabilidades”, exigió el diputado.

“Cuando en nuestro país se han efectuado violaciones a los derechos humanos, que esas personas reciban una justa compensación producto de haber sido exonerados, de haber perdido su trabajo, de haber sido perseguidos, nos parece que es correcto. Lo que no nos parece correcto es que personas que no sufrieron absolutamente nada tengan un beneficio y estén dejando a otras personas fuera”, agregó.

En tanto, la diputada Ximena Vidal, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, también manifestó su preocupación ante esta situación, la cual llamó a continuar investigando.

“Estamos de acuerdo en que, si hay antecedentes que digan que hay que buscar responsables por los falsos exonerados, hay que buscarlos. Pero por otro lado, tan fuerte como eso decimos que los exonerados políticos, porque hubo muchas personas perseguidas en Chile durante la dictadura, tienen una reparación del Estado como corresponde. Y por eso seguiremos estando muy alertas y muy atentos a todas las investigaciones que haya que seguir realizando”, expresó.

Para la presidenta del Comando de Exonerados de Chile, Guadalupe Cerda, estos cuestionamientos “atentan contra un segmento de la sociedad que es gente muy mayor, casi todos nuestros dirigentes han muerto”.

“¿A quién responsabilizamos de esta cuestión? Es una cosa horrible, yo lo encuentro muy tremendo. Eso, también, le quita posibilidad a un compañero que realmente necesite. Y es una vergüenza, junto con esto, el Contralor debiera decir que hay casi siete mil personas esperando que se les conceda el beneficio durante estos años de gobierno del señor Piñera”, manifestó la dirigenta de 75 años, quien acusó una falta de “voluntad política” del gobierno por resolver la situación de los grupos de derechos humanos. 

En lo que coinciden tanto los diputados como la dirigenta es en la necesidad de continuar con las investigaciones y buscar sanciones tanto administrativas como penales para quienes resulten responsables de estas falsas exoneraciones.