Esta es la décima Marcha por el Agua y por la Vida que se realizará en Vallenar, sin embargo ésta tiene un fin determinado: Hacer frente a la agroindustria de empresas como Agrosuper, las termoeléctricas como Punta Alcalde y la mega-minería, en especial al proyecto Pascua Lama, recientemente sancionado por la autoridad ambiental.

Si bien esta marcha ya es una tradición en la región en Atacama, en esta oportunidad se da en un contexto totalmente diferente, cuando las denuncias de la ciudadanía son ratificadas también por la institución correspondiente.

En este sentido, Patricia Álvarez, de la organización convocante, señaló que “la marcha va con otro enfoque, vamos a exigir que sea revocado de manera definitiva la resolución de calificación ambiental del proyecto Pascua Lama y por consiguiente que sea cerrado de inmediato. Nosotros hemos venido haciendo denuncias hace años, pero nunca fuimos escuchados”.

Cabe señalar que el pasado 24 de mayo, después de diversas advertencias, la superintendencia del Medio Ambiente cursó una multa de cerca de ocho mil millones de pesos y paralizó temporalmente la obra ante el incumplimiento en control de la contaminación que emite por material particulado y particulado fino, del agua y la afectación a los glaciares, entre otras fallas.

Sin embargo, los ciudadanos del sector están preocupados de que Pascua Lama esté cumpliendo realmente con esta orden, tal como comentó, Rodrigo Villablanca, dirigente diaguita e integrante del Comité Esperanza de Vida.

Por esto, el dirigente diaguita de esa zona del país indicó que “nosotros no hemos podido subir, como comunidades de regantes, como comunidades indígenas. La última vez que se subió se tardaron casi 14 meses en obtener el permiso para poder subir. En este momento vemos que todos los días siguen pasando la misma cantidad de buses hacia el proyecto Pascua Lama y el 18 y 19 de mayo, subieron en la práctica triple más, tal vez porque estaba lloviendo, pero no hemos visto que se haya detenido el flujo de vehículos hacia arriba. Eso nos da mucho que pensar, si está detenido el proyecto o no”.

Por su parte, el Director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Lucio Cuenca, recordó que el proyecto sostiene una serie de recursos de amparo ante tribunales, los que también podrían detener sus faenas, además, se refirió a la forma en la que Barrick Gold, titular del proyecto, reaccionó a las sanción.

En esa perspectiva, el dirigente ecologista explicó que “primero hizo un intento de auto denuncia que no fue aceptada, tratando de encubrir una serie de infracciones, que había cometido de omitir información y el anuncio que ha hecho de aceptar las condiciones, revelan que la empresa se está auto acusando, pero con la gran preocupación es que nosotros estimamos que la sanción es insuficiente. Yo creo que la empresa sabe que las infracciones merecían la paralización definitiva”.

El ambientalista señaló que la empresa tiene considerado una cifra importante para la cancelación de multas, por lo que esta medida no debería frenar la intención de la firma canadiense de continuar con su inversión para la extracción del oro. En ese sentido, las organizaciones señalan que se debe anular el permiso, más aún cuando el daño que Barrick realizó a los glaciares del sector está hecho y es irreversible.