Detención ilegal, apremios ilegítimos, infracciones a variadas leyes procesales y vulneración a la Convención de Derechos del Niño son algunas de las materias involucradas en la aprehensión realizada por la PDI al estudiante de 17 años, César Reyes, que el joven relató hoy ante la Comisión Investigadora sobre derecho de reunión y seguridad pública de la Cámara de Diputados.

El joven, capturado por la Policía de Investigaciones la tarde del 8 de mayo pasado durante la marcha por la educación realizada en Santiago, asistió a la sesión junto a su padre, Roberto Reyes, su abogada, Mónica Araya, el abogado de la Central Unitaria de Trabajadores, Rubén Jerez, y la representante del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Magdalena Garcés.

César Reyes relató que tres horas después de concluida la marcha, en un paradero a la salida de su preuniversitario, se aparecieron desconocidos que lo arrastraron hacia el interior de un vehículo no identificado, donde fue reducido, golpeado y ocultado con polerones. Luego, precisó, es cambiado a un nuevo auto de vidrios polarizados, donde le quitan la mochila y su celular y le ponen esposas, obligándolo a seguir el resto del trayecto con la capucha del polerón puesta y la cabeza entre las piernas.

“Se sienta un tipo en cada lado, me golpeaban y me preguntaban sobre personas que hubiesen ido a la marcha. Me preguntaron por cosas particulares, por actividades políticas”, informó César Reyes, acotando que en todo momento supieron que se trataba de un menor de edad.

Una hora después llegó a un cuartel de la PDI, donde fue interrogado, golpeado y obligado a entregarles su clave de Facebook para identificar a otros posibles participantes de la marcha. Posteriormente, fue llevado a un calabozo donde le quitaron todos sus objetos personales, lo obligaron a desnudarse y lo revisaron, para luego conducirlo a un centro asistencial donde se suponía debían constatar las múltiples lesiones, pero que sólo registró dos marcas de golpes.

El estudiante relató que no se informó a sus padres de su detención y que cuando estos llegaron finalmente al cuartel de la PDI junto a la abogada Araya, solo lo dejaron entrevistarse con ellos por unos pocos minutos. Luego, lo devolvieron al calabozo y le sacaron fotos sin ropa y lo llevaron a un hall donde lo obligaron a firmar un acta de detención indicando la regularidad del procedimiento y los cargos por los cuales había sido detenido.

Luego de la firma del documento, cerca de las 20:00 horas, fue llevado a otro cuartel de investigaciones donde pasó la noche, manteniendo siempre su situación de aislamiento.

A la mañana siguiente lo llevaron al Centro de Justicia, donde el juez constató personalmente las múltiples lesiones, incluso la pérdida de una pieza dental, además de las irregularidades del proceso de detención y las variadas normas infringidas por los efectivos de la PDI.

“De ahí quedé en libertad sin medida cautelar por parte del juzgado”, sentenció el estudiante, aclarando que los cargos por daño a la propiedad y agresión a la autoridad que le fueron formulados son falsos.

Roberto Reyes, padre de César, resaltó lo desgarrador que es para una familia enfrentar una situación como esta y sostuvo que la demanda que presentó ante tribunales busca que los responsables de esta detención sean juzgados como corresponde. En tanto, la abogada Magdalena Garcés informó que el INDH es querellante en este caso y sostuvo que con la detención de César Reyes se vulneró la Convención de Derechos del niño y la Ley de responsabilidad penal del menor y adolescente, que obliga a que todo interrogatorio debe ser frente al abogado defensor y que se debe contar con personal y procedimientos especiales.

Los diputados Rodrigo González (PPD), presidente de la Comisión Investigadora, Marcelo Díaz (PS), María Angélica Cristi (UDI), Alberto Cardemil (RN) y Tucapel Jiménez (PPD) solidarizaron con el caso y expresaron su deseo de que el asunto sea aclarado por el Director General de Investigaciones, Marcos Vásquez .

En esta línea, la Comisión acordó reiterar para un próximo encuentro la invitación al Director General, quien se excusó de asistir en la presente oportunidad por tener compromisos previos. Asimismo, se envió un oficio al Ministerio Público para que explique las razones por las cuales los jóvenes detenidos en las marchas no son llevados inmediatamente ante un juez, tal como está contemplado en la ley.