Más allá de los ribetes políticos del caso exonerados, en la arista judicial las demandas y proyectos de ley que buscan eliminar el pago de beneficios de los presuntos falsos exonerados son los nuevos pasos que por estos días determinan el futuro de miles de implicados.

La Corte Suprema anunció que resolverá esta semana la solicitud hecha por algunos parlamentarios de Renovación Nacional sobre la designación de un ministro en visita para el caso. El presidente de la Corte, Rubén Ballesteros, comunicó a través de la página web del poder judicial que “recibimos una petición que ha sido proveída y en los próximos días, mañana o pasado mañana, se va reunir el pleno de Corte Suprema para resolver esa materia. Puede ser en un pleno extraordinario o en el habitual del viernes; va depender del trabajo de las salas el convocarlos, pero no pasa de esta semana”

Los mismos parlamentarios que solicitaron la medida especial a la Corte Suprema presentaron durante la jornada de ayer un proyecto de ley que busca eliminar el pago de compensaciones a los presuntos falsos exonerados políticos. Así lo explicó la diputada Karla Rubilar, quien se muestra confiada en que todos los parlamentarios “independiente de su color político” van a querer legislar para sancionar a quienes han abusado del beneficio compensatorio.

“Este proyecto lo que busca es separar a los verdaderos exonerados, las verdaderas víctimas, de aquellos que obtuvieron el beneficio fraudulentamente. Es hacer justicia con los verdaderos exonerados que las personas que no lo merecen podamos quitarles este beneficio, porque lamentablemente hay verdaderos exonerados que fallecieron esperando que llegara esta pensión reparatoria y hoy día, con el panorama que tenemos del informe de Contraloría, nos habla de que tenemos que hacer el esfuerzo de depurar quienes son exactamente los que abusaron de este sistema”, explicó la parlamentaria, querellante en el caso.

Los senadores opositores han sido claros en este sentido: para ellos es una posibilidad real la existencia de falsos exonerados, pero insisten en que es sólo la justicia quien debe dirimir respecto de la veracidad de las acusaciones.

“El artículo 9 permitía que, cuando no hubiese antecedentes, tu podías perfectamente entregar testimonios de testigos, no solo parlamentarios, que en un acto de buena fe pudiesen acreditar la condición del mismo. Eso está en la ley, absolutamente. Y todos estos exonerados además fueron avalados por la Contraloría. Por tanto efectivamente puede haber irregularidades. Aquí entregaron certificados parlamentarios de derecha, de centro, de izquierda. Pero quien debe determinar su mala fe, si hay un intento de defraudar al Fisco, es la Fiscalía”, señaló Fulvio Rossi (PS).

El tema de fondo para los parlamentarios es demostrar si hubo mala fe o intenciones de defraudar al fisco. Sin embargo, desde la oposición son claros en enfatizar que esta definición la debe entregar el Ministerio Público y desde esa resolución operar para no caer en juicios políticos.

Por otra parte el abogado de Derechos Humanos, Roberto Ávila, presentó querellas criminales por los delitos de fraude al Fisco en contra de falsos exonerados, situación que venía anunciando desde hace mucho tiempo.