Por poco más de media hora estuvieron reunidos este lunes el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, con el presidente de la comisión investigadora del Plan Frontera Norte, Matías Walker, y los diputados de oposición Jorge Burgos y Felipe Harboe.
La cita fue solicitada por los parlamentarios concertacionistas, quienes manifestaron su preocupación por el estado de avance de la indagatoria, la que, recordemos se inició en octubre del año pasado y, a la fecha, no tiene personas formalizadas.
Felipe Harboe señaló que la inquietud de la oposición radica en la gran carga de trabajo que tiene la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, departamento que tiene a su cargo los casos “Kodama” “Yarur”, “La Polar” y la supuesta manipulación del Censo 2012, entre otros.
Pese a esto, el Fiscal Nacional aseguró, según indicó Harboe, que “pronto existirían novedades”: “Nosotros nos preocupamos porque vimos que la Unidad de Delitos de Alta Complejidad está muy sobre cargada de trabajo y él nos dijo que no nos preocupáramos porque la investigación iba avanzando bastante bien y que pronto habría novedades. Yo espero que rápidamente se dilucide si aquí hubo coimas o no en la asignación de este tipo de implementos para el combate de la droga, porque es muy delicado que el ministerio encargado de la seguridad pública esté bajo una sospecha y una investigación de que los funcionarios de confianza de Rodrigo Ubilla habrían participado eventualmente de un actividad ilícita”.
La Fiscalía Centro Norte investiga las seis licitaciones que se realizaron en el marco del Plan Frontera Norte, programa donde el ministerio del Interior adquirió densímetros y fibroscopios por montos hasta 5 veces superiores al precio de mercado.
Por este caso cinco autoridades de la cartera fueron cesadas de sus funciones, entre ellos Felipe Baeza y el ex fiscal Alejandro Peña.
También fue cuestionado el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, quien ha liderado la ofensiva del Ejecutivo por el caso de falsos exonerados políticos.
Consultado el diputado DC Jorge Burgos por una eventual “confrontación de responsabilidades”, señaló que “no existe la teoría del empate en la lucha contra el delito”.