El panorama común que enfrentan las ONG del Cono Sur de América es el modelo extractivista de recursos naturales como conflicto principal.

Brasil es el país de la región que da más financiamiento a las ONG, pero también hay criminalización por parte del Estado, la industria de transgénicos y empresas eléctricas, según la vocera de la Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, Luara Lopes.

En este sentido, la vocera de la ONG brasileña señaló que “Dilma tiene una visión de desarrollo sin ser sostenible, sin reconocer los terrenos indígenas, los derechos ya consolidados en la Constitución de 1988. En la cuestión indígena es muy claro ese retroceso de los derechos indígenas versus los proyectos de desarrollo, el proyecto Belo Monte y muchos otros proyectos de Minería en las tierras indígenas, el conflicto entre indígenas y el Agro Negocio”.

En Paraguay, la situación de las ONG empeoró desde el llamado “Golpe Parlamentario” que terminó con el Gobierno de Fernando Lugo en junio de 2008. Hay persecución contra las  ONG y una retórica de desacreditación del actual Gobierno, afirma la vocera de la Asociación de ONG del Paraguay Pojoaju (“todos juntos” en guaraní), Jenny Villalba.

En esa línea, la vocera paraguaya Jenny Villalba indicó que “hubo como una primavera para las organizaciones en el período de Lugo y ahora hay una insistencia en pedido de documentaciones, reglamentación. Por ejemplo, están pidiendo copias de las actas donde por asamblea extraordinaria se decide pertenecer a las plataformas. Un debilitamiento para ir bajando la legitimidad de las organizaciones”.

En Uruguay, en cambio, las ONG celebran más avances en derechos sexuales, reproductivos, y sobre el combate del narcotráfico a través del autocultivo de la marihuana, pero enfrentan nuevos problemas de financiamiento.

Según la María Teresa Mira, de la Asociación Nacional de ONG de Uruguay: “Nosotros en Uruguay, hace unos años ya que es un país de renta media, eso implica que ha dejado completamente de ser un país beneficiario de la cooperación internacional y está desarrollando elementos de cooperación sur sur. Eso implica para las ONG un reposicionamiento y una elaboración de una nueva estrategia para su sobrevivencia”.

En Argentina, igualmente, hay menos financiamiento internacional porque el Banco Mundial lo considera un país de renta media. Según Juan Manuel Andrés, vocal de la Red Encuentro de Argentina, es difícil fiscalizar al Gobierno a causa de la polarización política entre el anterior proyecto neoliberal y el actual modelo desarrollista de Cristina Fernández.

El representante trasandino señaló que “la situación de las ONG´s en la Argentina está atravesada por lo que está marcado en la vida cotidiana de los argentinos que es una fuerte polarización entre dos proyectos de país”.

En Chile, la situación más grave la enfrentan las organizaciones interesadas en el tema indígena, como el Observatorio Ciudadano, que sufrió la expulsión de colaboradores italianos. Miguel Santibáñez, presidente de la red ACCIÓN, dice que el avance institucional de las ONG es precario y que la nueva Ley 20.500, celebrada por el Gobierno, es en realidad muy débil.

Por su lado, Miguel Santibáñez explicó que “la Ley de Participación que se aprobó no tiene ni el status, ni la dignidad que requiere un sector como el de las ONG´s para poder financiarse, porque es un fondo que son dos millones de dólares para financiar a cientos de ONG´s y con ese monto en la práctica no alcanza a financiar la cantidad de proyectos que se presentan para ese concurso”.

La articulación de organizaciones del Cono Sur de América busca que el Estado y sobre todo las empresas incorporen el rol público de las ONG, como entes propositivos, fiscalizadores y promotores del debate sobre la cosa pública en la democracia moderna. Por lo tanto, consideran que no procede la criminalización.