Según la empresa Ibope, de 63 a 55% cayó el respaldo popular de la Presidenta Dilma Rousseff, desde la escalada de protestas ciudadanas que se han observado esta semana en las nueve ciudades más importantes de Brasil.
Las manifestaciones, que comenzaron por el anuncio de incremento de veinte centavos de Real (R$) en el precio del pasaje del transporte público (o sea, unos 45 pesos chilenos), han gatillado que otros movimientos sociales salgan a las calles, en cantidades cercanas a medio millón de personas diarias con una fuerte represión de la policía. Lo anterior, especialmente en ciudades como São Paulo, Río de Janeiro, Brasilia, Salvador de Bahía, Minas Gerais, Florianópolis y Belo Horizonte.
Para contener el descontento, la Presidenta Dilma Rousseff abundó en palabras de reconocimiento a los manifestantes, aunque acto seguido se envió a fuerzas antimotines a los principales centros urbanos del país.
“La grandeza de las manifestaciones comprueba la energía de nuestra democracia. Ellas traspasan, y eso es visible, los mecanismos tradicionales de las instituciones, de los partidos políticos, de las entidades de clase y la prensa. Las voces de las calles quieren más. Más salud. Más educación. Más transporte. Más oportunidades. Este mensaje directo de las calles es en repudio a la corrupción y uso indebido del dinero público” señaló.
Entre los temas recurrentes de las protestas en Brasil, están la corrupción, la inflación, el enorme gasto público en torneos de fútbol como la Copa Confederaciones, la Copa del Mundo de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016. También el desplazamiento de comunidades indígenas para instalar negocios de transgénicos (Brasil es el segundo productor mundial después de Estados Unidos), y la construcción de la represa Belo Monte, la tercera después Itaipú, también en Brasil, y Las Tres Gargantas, en China. Similar a lo que sucedió en España y Turquía, la movilización brasileña es espontánea y carece de politización en el sentido militante.
La Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais (ABONG), que agrupa a 4 mil 300 entidades ciudadanas, juzga a través de su vocera, Luara Lopes, que este panorama se debe a la falta de instancias de diálogo con el Gobierno, que hasta ahora ha optado por criminalizar a los movimientos sociales.
“De verdad que no hay una instancia centralizada de diálogo con el Gobierno, hay movimientos sociales que tienen más acceso al Gobierno y otras menos. Hay en Brasil una criminalización desde el año 2000. El tema indígena es candente, la presidenta tiene una visión desarrollista, en el sentido antiguo de la palabra: industrialización y desarrollo sin ser sostenible”, señaló.
Brasil es desde el año pasado la sexta economía global, luego de superar a Inglaterra, pero según el Banco Mundial y la ONU figura en el grupo de los países más desiguales junto a Chile, con el agravante de que Brasil enfrenta una inflación anual de precios superior al 6%. De ahí el aumento del precio del pasaje, anuncio que la Presidenta Rousseff optó por deshacer.
