Organizaciones valoran solicitud de precisar Ley de Drogas

Abogados penalistas y representantes de organizaciones de consumidores valoraron las declaraciones del ministro de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, quien solicitó al Congreso que “precise” la actual Ley 20.000 de Drogas y Estupefacientes, para “evitar interpretaciones de todo orden”.

Abogados penalistas y representantes de organizaciones de consumidores valoraron las declaraciones del ministro de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, quien solicitó al Congreso que “precise” la actual Ley 20.000 de Drogas y Estupefacientes, para “evitar interpretaciones de todo orden”.

El debate relativo al consumo de drogas sumó a un nuevo actor: el ministro de la Corte Suprema Hugo Dolmestch, quien, a título personal y no en su calidad de vocero del Máximo Tribunal, abogó por una normativa más “clara”.

“Sería bueno que el Poder Legislativo aclare esas cosas y configure el tipo penal de forma más precisa, para evitar interpretaciones de todo orden”, afirmó el magistrado.

Jean Pierre Matus, académico experto en derecho penal de la Universidad de Chile, sostuvo que en todas las disposiciones legales existe un ámbito de interpretación pero, en favor de la seguridad jurídica, éstos deben ser los más reducidos posible, “para que los tribunales apliquen los mismos criterios”.

Matus aseguró que, en un fallo de 2005, la Corte Suprema evitó establecer qué era considerado “pequeña cantidad”, entregando esta decisión a los tribunales de primera instancia.

Esto, a su juicio, derivó en que las personas estén expuestas a que, por una misma cantidad, puedan ser considerados traficantes, microtraficantes o consumidores.

“A pesar de ello, los Tribunales al final del día tienden a mantener una cierta consistencia, porque naturalmente si un tribunal condena a una persona por una cantidad determinada, al otro día no va a absolver a una persona distinta si tiene la misma cantidad. Pero el problema es que, como nuestro sistema de recursos no permite llevar todos los casos a la Corte de Apelaciones o a la Corte Suprema, se va haciendo una dispersión de criterio”, explicó.

El también profesor de derecho penal Juan Pablo Hermosilla, abierto partidario de la despenalización de ciertas drogas, indicó que Hugo Dolmestch tiene razón, pero es muy suave en su diagnóstico, ya que la disparidad de criterios judiciales genera incertidumbre en qué es lo prohibido y qué no.

“Aquí se requeriría, creo yo, un consenso de la clase política de revisar y evaluar esta ley no solo en los aspectos penales, sino en los aspectos de política criminal: si está sirviendo para algo o está produciendo solo daño y violencia social. Creo que se requiere revisar la ley y el sistema de control de drogas, la tipificación de los delitos evitando estas ambigüedades que hay y modificando los tipos penales en el Congreso”, expresó.

Claudio Venegas, vocero del movimiento “Cultiva tus derechos”, calificó las declaraciones del ministro de la Corte Suprema como “una evidencia más de lo inevitable que es reconocer que la actual la política de drogas fracasó”.

Venegas añadió que “es fundamental abrirse a un debate de reformas”, pero advirtió que “en ningún caso hay que dejarle esta discusión a los candidatos presidenciales, a sus partidos o al actual Parlamento”.

“Que a estas alturas del partido ellos vengan a decirnos que sí, que hay que hacer cambios, resulta que hay quienes llevamos años planteando esto. No lo han hecho antes y si lo están empezando a hacer ahora, bienvenido sea, pero no han dado garantías de ser ellos los llamados a impulsar estos cambios”, expuso.

El debate sobre la despenalización de algunas drogas, particularmente de la marihuana, se ha instalado con fuerza últimamente, debido a una serie de detenciones de personajes del mundo de la cultura.

También por un informe de la Organización de Estados Americanos, donde se plantea que “el consumo de drogas debe ser considerado como la base de cualquier estrategia de salud pública”.

Diputados de la oposición, encabezados por el PPD Enrique Accorsi,  solicitaron, el 11 de junio, que la Comisión de Evaluación revise, nuevamente, la Ley 20.000, fundamentando la petición, en que “la sociedad chilena cambió su percepción sobre este tema”.





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