El Gobierno designó como representante del Ejecutivo para el Instituto de Derechos Humanos al abogado Sebastián Donoso, quien fue presentado como un “experto en asuntos indígenas”.

El ministerio Secretaría General de Gobierno explicó que el profesional “posee una vasta trayectoria en asuntos indígenas y se ha involucrado activamente en el debate sobre el marco regulatorio y las políticas públicas hacia los pueblos indígenas”.

De hecho, Donoso fue asesor Especial de Asuntos Indígenas del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y responsable de diseñar y coordinar la implementación de la política indígena del Gobierno.

Sin embargo, la consejera nacional ante la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Ana Llao, señaló no tener buenas referencias del también investigador asociado de la Fundación Jaime Guzmán: “No recuerdo que deje buenas gestiones, cuando asumieron el 2010, no se ejecutó nada del tema de presupuestos en la Conadi. Se devolvieron los fondos para tierras, pese a los compromisos por una consulta que aún estamos entrampados. No conozco gestiones frente al tema indígena”.

Más crítico fue el werkén de la Comunidad mapuche huilliche Pepiukelen Francisco Vera Millaquén, quien calificó el nombramiento como una vergüenza.

El comunero subrayó que “es una vergüenza. Los pueblos originarios pensamos que se podía avanzar en materia indígena en este gobierno, pero fue una equivocación de nuestra parte, de tener alguna idea de avanzar en algo. Lo que ocurre ahora significa que no les interesan los derechos humanos, menos en el tema indígena”.

El werkén aseguró que esto es una “jugada estratégica con la que el Gobierno de Sebastián Piñera quiere coronar todo su trabajo de usurpación de derechos que ha estado haciendo, particularmente este último año”.

Las dudas hacia la figura de Donoso surgen también a causa de su especialización en minería y aguas, a lo que se suman denuncias de su pasado como asesor de empresas mineras.