Dos de los seis implicados en los homicidios del llamado “Caso Degollados”, el coronel (r) Guillermo González Betancourt y el sargento (r) José Fuentes Castro, ya cumplieron 20 años de cárcel y se encuentran desde septiembre del año pasado con el beneficio de la salida dominical. Ambos están sentenciados a “cadena perpetua” por el homicidio de Manuel Guerrero, Santiago Nattino y José Manuel Parada, hecho ocurrido el 29 de marzo de 1985.

La decisión sobre el beneficio fue entregada por el alcaide del penal de Punta Peuco, Luis Meneses Vásquez; el ex director nacional de Gendarmería, Luis Masferrer (candidato a diputado, en primarias de Renovación Nacional por el distrito 56 de la región de Los Lagos), y el ex ministro de Justicia, Teodoro Rivera, durante el actual Gobierno de Sebastián Piñera.

El abogado de familiares de víctimas del “Caso Degollados”, Fernando Aliaga, dijo que Gendarmería ignoró el requisito de mala conducta de los dos ex militares, y agregó que este servicio y el Ministerio de Justicia no presentaron esta información ante la Corte Suprema.

“Ambos habían sido sancionados por distintas faltas. González Betancourt tiene sanciones por hacer huelga de hambre para obtener beneficios penitenciarios. Fuentes Castro tiene sanciones por amenazas de muerte, lesiones, quebrantamiento de orden interno en recinto penal. Gendarmería hizo dos denuncias en su contra ante el Ministerio Público, y no se cumplían los requisitos, pero le dan el beneficio. El director nacional de Gendarmería, el alcaide de Punta Peuco, y el ministerio de Justicia, señalaron que se cumplían los requisitos, faltaron a la verdad ante un tribunal de justicia”, indicó.

Adicionalmente, Manuel Guerrero Antequera, hijo del profesor Manuel Guerrero Ceballos, quien murió en manos de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar), afirmó que es impresentable que sólo 60 criminales de la dictadura de Pinochet estén presos, aun cuando el Informe Valech reconoció 60 mil casos de tortura, y más de 3 mil ejecutados y desaparecidos.

Manuel Guerrero dijo además que no corresponde que los criminales de lesa humanidad estén en cárceles de “cinco estrellas”: “Nos resulta agravante que criminales condenados gocen de beneficios como cárceles especiales, a diferencia de delitos comunes que hoy registran hacinamiento. Los criminales con delito con lesa humanidad gozan de desigualdad ante la ley, y el Estado debe tomar posición ante esto”.

Manuel Guerrero y Javiera Parada, hijos de víctimas del “Caso Degollados”, acudieron al Instituto Nacional de Derechos Humanos, en Providencia, para reunirse con la directora de esa entidad estatal autónoma, Lorena Fríes, quien por su parte, dijo que hay un vacío legal sobre la entrega de requisitos por parte de Gendarmería.

Lorena Fríes declaró que “como INDH hemos planteado la necesidad de una ley de ejecución penal, que permita disminuir la discrecionalidad con la que se otorgan beneficios carcelarios, que si bien tienen un conjunto de requisitos que en este caso no se cumplen, tienen un margen de discrecionalidad ante quien otorga el permiso. Debe existir un grado de arrepentimiento por el delito, cuestión que en este caso está probado que no ocurre”.

¿Cuáles son los causes actuales de este caso? Desde abril se tramita un sumario administrativo en la Contraloría para investigar la omisión de información por parte de Gendarmería y el Ministerio de Justicia. También hay una denuncia ante el Ministerio Público, e igualmente, el 22 de junio se presentó un Recurso de Rectificación, Aclaración o Enmienda ante la Corte Suprema, porque la sentencia judicial no se refiere al tema de la mala conducta penitenciaria de los homicidas.

Los familiares solicitaron una reunión con la ministra de Justicia, Patricia Pérez, por lo que debería haber una respuesta dentro del plazo legal de 20 días hábiles. Finalmente, estudian la presentación del caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El reglamento carcelario de Gendarmería está en el Decreto Supremo 518. Su artículo 110 establece los requisitos que deben cumplir las personas privadas de libertad, para postular a un beneficio.