La palabra inglesa “lobby” significa pasillo, y es la denominación con la cual se alude a los diálogos de pasillo que se registran en edificios públicos, para influir sobre las autoridades. El proyecto de ley de lobby, que pretende regular esta práctica, lleva 10 años de trámite en el Parlamento. El punto de conflicto político es la indicación que busca crear un registro nacional de lobistas, para saber expresamente cuáles son las empresas o personas que representan intereses económicos ante el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, y saber también a qué empresas o grupos representan.

La postura del Gobierno y sus parlamentarios, expresada a través del ministerio Secretaría General de la Presidencias, es la de crear un registro público que incluya tanto a grupos pagados como no pagados (es decir, empresas y también organizaciones no gubernamentales o ciudadanas sin fines de lucro) y centrar únicamente la exigencia de la transparencia en la agenda de reuniones de las autoridades, para que la publiquen en Internet.

Por otra parte, la postura de la oposición, encabezada en la Comisión de Constitución por los diputados Felipe Harboe (del PPD) y Marcelo Díaz (del PS), es que exista un registro de lobistas pagados por empresas, con expresa indicación del sector productivo al que representan. Es decir, no sólo obligar a que las autoridades publiquen sus reuniones diarias, como propone el Gobierno, sino que las empresas y consultoras que hacen lobby o presión, tengan que registrarse previamente y decir para quién trabajan y quién les paga. Esta es la indicación del proyecto que rechazaron los parlamentarios de RN y la UDI.

Ante el rechazo de los parlamentarios oficialistas, el diputado Díaz señaló que “nos parece incoherente e inexplicable que el mismo Gobierno, que ha señalado, por ejemplo, la interferencia del Lobby en la legislación del tabaco, en la legislación de los medicamentos, cuando llega la hora de votar una indicación que mejora la legislación sobre el Lobby vote junto con sus parlamentarios en contra de esa indicación. Hoy de votó y hemos perdido la indicación por un doble discurso del Gobierno, que ordena sus votos de la derecha para votar en contra de esta indicación, que habría dado a Chile, al igual que el resto de los países de Latinoamérica y Europa que tiene legislación sobre Lobby un estándar razonable”.

Desde la Fundación Pro Acceso, que realiza seguimiento a las iniciativas de transparencia y probidad en el país, opinaron que el registro de lobistas pagados era indispensable para saber quién financia campañas políticas. Rodrigo Mora recordó que el proyecto original incluso proponía penas de cárcel para quienes no se registraran.

En este sentido, el integrante de la Fundación ciudadana detalló que “a las personas que no se inscribían en el Registro de Lobistas, incluso había una pena de crimen en la sociedad, o sea, una pena de cárcel, porque en el fondo también se entiende que una persona que es sujeto activo de Lobby y no se entiende, está haciendo como un Lobby desregulado, y Lobby desregulado se presume mala fe, está realizando Lobby por fuera sin decirle a la industria que está haciendo Lobby”.
El escenario virtual del proyecto de ley de Lobby es la denuncia sobre pagos de Corpesca a la diputada Marta Isasi en el trámite de la Ley de Pesca; la presión por la entrega de platas públicas en el proyecto de ley de fomento forestal, y el interés por acceder a cables de transmisión por parte de megaproyectos en el proyecto de Carretera Eléctrica.