El gobierno, a través de la ministra de Justicia, Patricia Pérez, anunció que se intervendrá a todos los hogares de menores dependientes del Sename, luego que se conociera la existencia de una serie de abusos a los menores que residen en dichos lugares.

Recordemos que el Director del Servicio Nacional de Menores, Rolando Melo, había anunciado el cierre de cuatro residencias de niños ubicadas en Arica, Valparaíso, Santiago y Cauquenes, donde se detectó una posible vulneración de derechos de los niños y niñas, a través de un informe que elaboró una comisión ordenada por la Corte Suprema y encabezada por la jueza de familia Mónica Jeldres, en la que también participó la Unicef.

En la investigación se descubrieron situaciones denominadas “de alto riesgo”. En Arica se detectó una red de explotación sexual organizada por las guardadoras, mientras que en un hogar de monjitas en Punta Arenas se denunció constante violencia y medicación de los menores sin autorización ni supervisión médica. Todo esto tomó por sorpresa a la presidenta de la Agrupación nacional de Funcionarios del Sename (AFUSE), Alicia del Basto.

“La información no la tenemos, estamos pidiendo via ley de transparencia el informe completo de lo que ahí se señala y explica, además vine al Congreso a ver si puedo reunirme con los parlamentarios que estan efectuando estas denuncias”, señalo la dirigente.

Justamente de estas conversaciones surgió una acción por parte de los legisladores. La bancada Demócrata Cristiana, a través de Ricardo Rincón, presentó este miércoles en la Fiscalía Nacional una denuncia contra quienes resulten responsables por los abusos, malos tratos, la violencia y explotación sexual infantil a menores, ente otros delitos.

Además, los parlamentarios manifestaron su molestia con que no se difundiera esta información y que se interviniera el equipo investigador y agregaron que este informe cubre sólo el 10% de los menores del Sename, por lo tanto esta situación es mucho más grave. Pese a esto, el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, descartó “por ahora” nombrar un fiscal especial para este caso, aunque acogió la petición de investigar.

En ese sentido, Alicia del Basto explicó que los centros citados no son directamente del organismo, sino que reciben subvención del Estado y que a ellos les corresponde supervisarlos. Al respecto sostuvo que hay un problema estructural al respecto, cuando no hay fondos adicionales para fiscalizar. Sobre Arica, por ejemplo, indicó que se implementó esta nueva región, pero el Estado no les dio ningún recurso para ello.

Paulina Solís, subdirectora de la Asociación Chilena pro Naciones Unidas (ACHNU) que integra el Comité Ejecutivo del Observatorio de la Niñez aclaró que el Sename es la institucionalidad que custodia a los niños y niñas más vulnerables e indicó que hace tiempo están observando cómo “está haciendo crisis”, pero descartó la idea de cerrar el Servicio, sino que apuntó a fortalecerlo.

La especialista indicó que les parce inaceptable el retraso con el que se dio a conocer la información, ya que cualquier delito cometido al interior de este tipo de centros debe ser denunciado a la brevedad y recordó que la ley establece un plazo de 24 horas para denunciar y que, frente a eso no hay ningún tipo de excusa.

Además, recordó la importancia que tiene, y que este tipo de noticias vuelve a reinstalar, de que Chile cuente con una Ley Integran de Protección de Derechos de los niños y niñas, y perfeccione sus mecanismos institucionales.