Los agricultores de la quinta región pidieron que se concreten juntas de vigilancia en los ríos Petorca y Laja para proteger el recurso, además manifestaron su disconformidad con las medidas que se están adoptando para hacerle frente a la escasez.

Esto cuando el programa “La Guerra del Agua” descubrió la presencia de un nuevo dren ilegal en la comuna de La Ligua que fue confirmado por la misma Dirección General de Aguas (DGA).

En conversación con Radio Universidad de Chile, el director Francisco Echeverría indicó que ese sector es el que más denuncias recibe. “La Quinta región es prioritaria, es donde están concentrados la mayor cantidad de fiscalizadores”, afirmó.

Además, reconoció la gravedad del problema, los déficits que existen y se refirió al trabajo que actualmente está realizando el Gobierno: “Viendo cómo se produjo este evento, que en su minuto pudo hacerse algo, lanzamos una estrategia nacional que busca en un plazo de 10 años, aumentar un 30% la capacidad de regulación de embalses. Queremos construir 16 embalses, de los cuales cuatro son para Petorca. Esta región ha sufrido una postergación en cuanto a construcción de embalses”.

En ese sentido, indicó que se están tomando decisiones. Entre ellas se busca licitar un plan estratégico para la región sobre manejos hídricos que considere la escasez. También se avanza en la recarga artificial de acuíferos, para lo que se están buscando los terrenos apropiados. Esto además de mantener y potenciar el plan de fiscalización y el trabajo con las mismas comunidades para el acompañamiento en legalización de las juntas de vigilancia.

Sin embargo, los pobladores no tienen confianza en que estas medidas permitan solucionar el problema de fondo sin no se acelera la construcción de embalses.

Así lo expresó el Presidente de Asociación de Agricultores de la Comuna de Petorca, Gregorio Correa, quien apuntó que “vamos de gobierno en gobierno, que todos hablan de embalses. Llevamos desde el presidente Frei, Lagos, Bachelet y ahora Piñera, cada uno prometió embalse y no pasa nada. Aquí hay un pesimismo y escepticismo de promesas políticas que ya no le creemos a nadie”.

La situación en la zona es cada día más insostenible. Los ciudadanos hace tiempo que toman agua embotellada y consumen el elemento entregado por camiones aljibes. Por eso han aparecido organizaciones que han realizado diversas denuncias. Entre ellas está el Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente (MODATIMA).

Su vocero, Rodrigo Mundaca explicó la razón por la que hoy viven un estado de crisis: “Los grandes propietarios transformaron suelos de cerro en cultivo, concursaron para tecnificar su sistema de riego, obtuvieron bonificación de 80% de la CNA. En un escenario de cambio climático, para ellos ‘el fin justifica los medios’, y quieren agua a cualquier precio, eso significa la construcción de obras irregulares de captación subterránea, drenes y pozos ilegales, lo que permite llevarse el agua a sus captaciones”.

Mundaca denunció por robo de agua al ex ministro, Edmundo Pérez Yoma, quien lo contrademandó, por lo que hoy sostiene una disputa legal por ello, además, ha sido vinculado por actores parlamentarios a la empresa que presuntamente estaría apropiándose del recurso. Pero más allá esto, afirma, el problema es complejísimo.

Los actores políticos tienen intereses comprometidos con los recursos, las instituciones son parte del problema y no de la solución, porque se encargaron de dividir los derechos de agua y tierra, sobre-otorgando su aprovechamiento, pese a que se agotaron los caudales. Además, indicó que las mismas juntas de vigilancia, son organizaciones no del todo democráticas y no garantiza per sé una buena administración.

En este escenario, el dirigente concordó con otros movimientos que han surgido y que apuntan a la necesidad de renacionalizar el agua y modificar el actual código legal para hacer un cambio real.